Search

La seguridad es una función primigenia y fundamental del estado contemporáneo, tanto en su dimensión exterior como en su dimensión interior. La seguridad requiere un servicio de inteligencia que le permita ser más eficaz, sobre todo contra las amenazas que se escapan de una previsión adecuada. La existencia de los servicios de inteligencia y la necesidad de secrecía que los mismos requieren, implica una paradoja en el estado democrático moderno, pues todas las actividades del estado deben estar bajo el escrutinio público y la rendición de cuentas. Este dilema encontró solución en la experiencia norteamericana con la creación de comisiones parlamentarias para la supervisión cerrada, donde los funcionarios de los servicios de inteligencia estén sujetos a la rendición de cuentas por un grupo selecto de representantes populares, preservando a su vez la secrecía requerida. México incorpora este modelo en el año 2004 con la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional y la creación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que tiene como función principal evaluar las políticas y acciones de la seguridad nacional, así como servir como espacio de rendición de cuentas de las actividades de inteligencia, las cuales carecían de un marco legal que les diera legitimidad. El presente trabajo es una evaluación de las actividades de la comisión durante los primero seis años de funcionamiento. El punto de partida es la afirmación que la comisión no se ha consolidado en su función de control que le fue conferido. La investigación está enmarcada como un reporte de experiencia profesional, en razón de que como Diputado Federal fui integrante de la comisión durante casi tres años y tuve el honor de presidirla durante un año.

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se irradió por el mundo sustentada en la teoría del realismo de la relaciones internacionales y que al llegar a Latinoamérica, ella se plasmó en la Ley de Seguridad Nacional de casi todos los países latinoamericanos con la finalidad de materializar sobre ella, la estrategia de contención al socialismo soviético. El argumento central que aquí se desarrolla es que, en el caso en Ecuador, la Ley de Seguridad Nacional fue y es utilizada, políticamente, como una muy útil herramienta por los gobiernos de turno, con la finalidad de, estableciendo el estado de emergencia por diferentes razones y pretextos, hacer excepciones a los textos constitucionales y legales, para beneficiarse políticamente o para enfrentar, en nombre de la seguridad nacional, reclamos del pueblo expresados en las calles y con acciones de hecho que podrían desestabilizar a los regímenes establecidos.

La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica ha realizado una recopilación en cuatro tomos de los aspectos más importantes a de la Legislación Petrolera Ecuatoriana. El Primer Tomo comprende los antecedentes mineros que se remontan a la Real Ordenanza de Minería para Nueva España del 22 de mayo de 1783, dictada por Carlos III en Aranjuez y que posteriormente fuera aplicada en nuestro País tanto en la época colonial como en la iniciación de la República. En su primera parte, podemos conocer la etapa de gestación de la legislación petrolera que se operó a fines del siglo anterior y en el inicio del presente. La iniciación de esta Industria bajo el régimen de arrendamiento, su consolidación en el régimen de concesiones, hasta la expedición de la Ley de Hidrocarburos de que fue expedida para ser aplicada en el país en el año 2010, cuando hubieren terminado los contratos de concesión que habían copado la totalidad del territorio nacional con posibilidad de encontrar hidrocarburos...