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This text is a paper presented at the annual seminar between the Revista de Administración Pública and the 3rd Chamber of the Supreme Court. It reflects the author’s personal opinion about the structure of courts responsible for control of administrative action in Spain, with special emphasis on its historical evolution. It also deals with the present debate about the need to generalise the right to appeal against first instance judgements in administrative law., Este texto recoge una de las ponencias del seminario anual entre la Revista de Administración Pública y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Refleja la visión personal del autor sobre la estructura de la jurisdicción contencioso-administrativa en España, poniendo el acento en su evolución histórica. Trata, en especial, sobre la regulación de planta judicial y la competencia. Aborda, asimismo, el debate actual sobre la ampliación de la doble instancia y las posibles opciones.

Con la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y demo-crático de Derecho, lo que, entre otras cuestiones, implica la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (ar-tículo 9.3 de la CE). El control judicial de la actuación de las Administraciones públicas corresponde, fundamentalmente, a los jueces y magistrados que inte-gran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que persigue un doble objetivo: por un lado, hacer que las Administraciones públicas actúen en todo momento con sometimiento a la ley y al Derecho en la satisfacción de los inte-reses generales y, por otro lado, otorgar a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso puedan sufrir indefensión. Este trabajo nos presenta las características y las atribuciones imprescindibles que la jurisdicción administrativa tiene para ejer-cer esas funciones y corregir las extralimitaciones de la Administración., With the Constitution of 1978, Spain is constituted as a social and democratic State of Law, which, among other issues, implies the submission of all public powers to the Constitution and the rest of the legal system (article 9.3 CE). The judicial control of the actions of the Public Administrations corresponds fundamentally to the judges and magistrates that make up the administrative jurisdictional order, which pursues a double objective: on the one hand, to make the Public Administrations act at all times in compliance with the Law to satisfy the general interests and, on the other hand, grant all citizens effective judicial protection in the exercise of their rights and legitimate interests, without in any case being defenseless. This work presents the essential characteristics and attributions of the administrative jurisdiction in order to exercise these functions and correct the excesses of the Administration.

Con la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y demo-crático de Derecho, lo que, entre otras cuestiones, implica la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (ar-tículo 9.3 de la CE). El control judicial de la actuación de las Administraciones públicas corresponde, fundamentalmente, a los jueces y magistrados que inte-gran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que persigue un doble objetivo: por un lado, hacer que las Administraciones públicas actúen en todo momento con sometimiento a la ley y al Derecho en la satisfacción de los inte-reses generales y, por otro lado, otorgar a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso puedan sufrir indefensión. Este trabajo nos presenta las características y las atribuciones imprescindibles que la jurisdicción administrativa tiene para ejer-cer esas funciones y corregir las extralimitaciones de la Administración., With the Constitution of 1978, Spain is constituted as a social and democratic State of Law, which, among other issues, implies the submission of all public powers to the Constitution and the rest of the legal system (article 9.3 CE). The judicial control of the actions of the Public Administrations corresponds fundamentally to the judges and magistrates that make up the administrative jurisdictional order, which pursues a double objective: on the one hand, to make the Public Administrations act at all times in compliance with the Law to satisfy the general interests and, on the other hand, grant all citizens effective judicial protection in the exercise of their rights and legitimate interests, without in any case being defenseless. This work presents the essential characteristics and attributions of the administrative jurisdiction in order to exercise these functions and correct the excesses of the Administration.

Con la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y demo-crático de Derecho, lo que, entre otras cuestiones, implica la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (ar-tículo 9.3 de la CE). El control judicial de la actuación de las Administraciones públicas corresponde, fundamentalmente, a los jueces y magistrados que inte-gran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que persigue un doble objetivo: por un lado, hacer que las Administraciones públicas actúen en todo momento con sometimiento a la ley y al Derecho en la satisfacción de los inte-reses generales y, por otro lado, otorgar a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso puedan sufrir indefensión. Este trabajo nos presenta las características y las atribuciones imprescindibles que la jurisdicción administrativa tiene para ejer-cer esas funciones y corregir las extralimitaciones de la Administración., With the Constitution of 1978, Spain is constituted as a social and democratic State of Law, which, among other issues, implies the submission of all public powers to the Constitution and the rest of the legal system (article 9.3 CE). The judicial control of the actions of the Public Administrations corresponds fundamentally to the judges and magistrates that make up the administrative jurisdictional order, which pursues a double objective: on the one hand, to make the Public Administrations act at all times in compliance with the Law to satisfy the general interests and, on the other hand, grant all citizens effective judicial protection in the exercise of their rights and legitimate interests, without in any case being defenseless. This work presents the essential characteristics and attributions of the administrative jurisdiction in order to exercise these functions and correct the excesses of the Administration.

El Derecho administrativo ha conocido una importante expansión en los últimos decenios hacia ámbitos no protagonizados formalmente por una Administración pública, dando lugar a lo que en este trabajo se califica de extensión asimilativa, extensión reactiva y extensión adaptativa o sustitutiva, respectivamente. La extensión asimilativa proviene de la necesidad de los órganos externos al poder ejecutivo (ya sean constitucionales, estatutarios, o jurisdiccionales) de contar con un Derecho administrativo “operativo” para la organización y funcionamiento de sus estructuras de gestión. La extensión reactiva es el Derecho administrativo que se aplica a los entes instrumentales de las Administraciones públicas, como límite (o recuperación, según se mire) en su recurso al ordenamiento jurídico-privado. Y la extensión adaptativa o sustitutiva es la que se aplica al heterogéneo y creciente fenómeno de los sujetos privados que ejercen funciones públicas o que al menos colaboran con su ejercicio. A partir de este esquema, se propone acudir al concepto de funciones públicas (tareas de responsabilidad pública cuyo titular ejerce desde una posición de preeminencia) y al de relación jurídico-administrativa (sin que una de las partes tenga que ser necesariamente una Administración) para identificar los supuestos de extensión debida del Derecho administrativo. También se sistematizan con arreglo a criterios clasificatorios duales los supuestos normativos de extensión adaptativa que ofrece nuestro ordenamiento. Finalmente, se defiende que todas estas relaciones jurídicas en las que se ejercen funciones públicas se sometan a un régimen de garantía y protección según los parámetros del Derecho administrativo y, sobre todo, que en última instancia sean susceptibles de tutela ante la jurisdicción contenciosa, proponiéndose los ajustes legales necesarios para facilitar el desarrollo de un proceso contencioso-administrativo entre particulares., In recent decades, Administrative law experienced a significant extension. Three areas in which there is no public administration attract particular interest. This paper names them: assimilative extension, reactive extension, adaptive or substitutive extension. The assimilative extension focuses on the “operational” Administrative law applied to the organization and management of constitutional organisms alien to the executive power. Reactive extension refers to Administrative law applicable to instrumental entities of the public administrations as a limit (or recovery, depending on the perspective) in their recourse to the private-legal system. An adaptive or substitutive extension applies to the heterogeneous and growing phenomenon of private subjects who exercise public functions or collaborate with that exercise. The paper proposes the concepts of public functions (public responsibility tasks whose holder exercises from a position of pre-eminence) and of legal-administrative relationship to identify the cases of due extension of administrative law. Such relationships do not necessarily mean the presence of a public administration as one of its parties. In particular, the paper systematizes normative assumptions of adaptive extension according to dual classification criteria. Finally, all these legal relationships in which public functions are exercised should be subject to a guarantee and protection regime according to the parameters of Administrative law. Above all, in the last instance, they have to receive protection before the particular contentious administrative jurisdiction. Therefore, the paper proposes legal adjustments to facilitate a contentious administrative process between private parties., Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Fac. de Ciencias Políticas y Sociología, TRUE, pub

Desde la irrupción del Coronavirus en nuestro país, la Administración se ha visto en la obligación de tomar decisiones de gran calibre, decisiones que implican en no pocas ocasiones la restricción de derechos fundamentales. Es en este ámbito donde la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene un papel esencial: el de ser garante de dichos derechos. Sin embargo, desde el primer pronunciamiento mediante auto hasta la fecha, el protagonismo de los juzgados de lo contencioso-administrativo en su papel como garante ha ido variando. Esto se debe a la formulación del Estado de Alarma, un instrumento jurídico que refuerza la discrecionalidad del poder del ejecutivo. En este trabajo abordaremos la importancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa durante la crisis sanitaria y la capacidad de nuestro ordenamiento jurídico actual para enfrentarse a una pandemia., Since the outbreak of Coronavirus in our country, the Administration has been obligated to take decisions of great importance, decisions that often involve the restrictions of fundamental rights. It is in this area where the Administrative Litigation Courts has an essential role: that of being the guarantor of these rights. However, from the first pronouncement by means of an order to date, the role of the administrative courts as guarantors has been changing. This is due to the formulation of the State of Alarm, a legal instrument that reinforces the discretion of the executive power. In this paper we will address the importance of the Administrative Litigation Courts during the health crisis and the capacity of our current legal system to deal with a pandemic.

The main aim of this paper is to analyze the modification of the cassation appeal introduced in the Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction by Royal Decree- Law 8/2021, of May 4. It does not seem that, neither from the formal point of view nor from the material point of view, this is the most orthodox way to achieve the objective of this reform, which is none other than homogenizing the jurisprudence around the authorization and ratification of the restrictive measures of rights adopted by the Public Administrations in the fight against the COVID-19 pandemic. However, the objective has been achieved, thanks to the common sense of our High Court and We have nowadays a clear jurisprudence in the limitation of the rights of the citizens. In addition, other questions related with the limitation of the rights, such as the COVID passport, are analyzed in the paper., El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la modificación del recurso de casación introducida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por el Real Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo. No parece que, ni desde el punto de vista formal ni desde el punto de vista material, esta sea la vía más ortodoxa para la consecución del objetivo de esta reforma, que no es otro que homogeneizar la jurisprudencia en torno a la autorización y ratificación de las medidas restrictivas de derechos adoptadas por las Administraciones públicas en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. No obstante, gracias al sentido común de nuestro Tribunal Supremo, el objetivo se ha logrado y existe ya una jurisprudencia que fortalece la seguridad jurídica en la limitación de los derechos de los ciudadanos. Además, se abordan otras cuestiones relacionadas con la limitación de derechos en la pandemia, como el pasaporte COVID.

The crisis caused by Covid-19 has had clear repercussions on the Administration of Justice in Spain and will continue to do so in the foreseeable future. The present study examines how the measures to combat the pandemic have affected judicial activity, with particular reference to the Contentious Administrative Courts. To this end, on one hand it critically analyses the impact of the measured adopted by the authorities to reduce the effect of the pandemic on the functioning of the Contentious Administrative Courts, and on the other, de lege ferenda, it makes proposals to improve the current regulatory framework governing the Contentious Administrative Courts and it evaluates the proposals put forward by the General Council of Judicial Power to reactivate legal activity in this ambit and the measures already adopted or planned by the Government to facilitate legal activity in this area., La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido repercusiones evidentes en la Administración de Justicia en España y las continuará teniendo en un futuro próximo. Este trabajo pretende examinar cómo las medidas de lucha contra la pandemia han afectado a la actividad jurisdiccional, con especial referencia al ámbito contencioso-administrativo. Con este fin, por una parte, se analiza, desde una perspectiva crítica, el impacto que han tenido las medidas adoptadas por las autoridades gubernativas para combatir la pandemia en el funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por otra, de lege ferenda, también se plantean algunas propuestas de mejora del actual marco normativo en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y se valoran, también con una mirada crítica, las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial para la reactivación de la actividad jurisdiccional en este ámbito y las medidas ya adoptadas o proyectadas por el Gobierno, para agilizar la actividad judicial en este ámbito.

Se debate si la jurisdicción contencioso-administrativa ha de ser la jurisdicción llamada a tutelar los derechos de los particulares contra normas de cualquier rango por motivos de inconstitucionalidad. Se plantea este debate aprovechando algunos pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-administrativa que inaplican leyes, o anulan actos por inconstitucionalidad de decretos leyes. Segundo, ante la praxis constitucional existente. Y tercero, ante la necesidad de tutelar a los ciudadanos, en especial frente a decretos leyes autonómicos., It is contested whether the administrative judicial review should be the jurisdiction in charge of protecting fundamental rights against norms of any rank for reasons of unconstitutionality. This debate is framed, first, considering judgments which disapply legislation or annul acts which provide from Royal Decree-Laws on the grounds of their unconstitutionality. Second, the debate explores the existing constitutional praxis. And third, the question is approached in view of the need to protect citizens, especially before Royal Decree-Laws enacted by the Autonomous Communities (regional governments).

Se debate si la jurisdicción contencioso-administrativa ha de ser la jurisdicción llamada a tutelar los derechos de los particulares contra normas de cualquier rango por motivos de inconstitucionalidad. Se plantea este debate aprovechando algunos pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-administrativa que inaplican leyes, o anulan actos por inconstitucionalidad de decretos leyes. Segundo, ante la praxis constitucional existente. Y tercero, ante la necesidad de tutelar a los ciudadanos, en especial frente a decretos leyes autonómicos., It is contested whether the administrative judicial review should be the jurisdiction in charge of protecting fundamental rights against norms of any rank for reasons of unconstitutionality. This debate is framed, first, considering judgments which disapply legislation or annul acts which provide from Royal Decree-Laws on the grounds of their unconstitutionality. Second, the debate explores the existing constitutional praxis. And third, the question is approached in view of the need to protect citizens, especially before Royal Decree-Laws enacted by the Autonomous Communities (regional governments).

The Judgement from the European Court of Human Rights (ECtHR) Saquetti Iglesias v Spain is set to have a significant impact on the regulation of appeals in contentious-administrative courts. This Judgment states that the right to appeal in second instance, guaranteed by virtue of article 2 of Protocol number 7 of the European Convention on Human Rights, must apply to administrative sanctions. The Judgement shall become final unless it is referred to re-examination by the Grand Chamber. The appeal as of right —much like the guarantee for a fair process enshrined in art. 6 of the Convention—. applies to all sanctions that are considered of a “criminal nature”, according to the criteria set out by the Strasbourg Court, which fundamentally takes into account the general and punitive nature of the infraction, as well as the severity of the sanction imposed. Article 2 of Protocol number 7 of the Convention excludes this right for infringements “of lessor severity as defined and laid down in the law”. The amendment to the Law 29/1998 governing Administrative Jurisdiction in order to adapt it to the requirements of the Strasbourg doctrine may entail an important first step towards the desirable generalisation of appeals as of right in contentious-administrative courts., La Sentencia del TEDH Saquetti Iglesias c. España está llamada a tener un importante impacto en la regulación de los recursos en el orden contencioso-administrativo al haber declarado que el derecho a la doble instancia judicial, garantizado por el art. 2 del Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos resulta de necesaria aplicación a las sanciones administrativas. La sentencia ya ha adquirido firmeza. El derecho a la doble instancia —al igual que las garantías a un proceso equitativo del art. 6 del Convenio— se aplica según la doctrina del TEDH a todas aquellas sanciones que son consideradas de «naturaleza penal» conforme a los criterios del Tribunal, que atiende para ello, fundamentalmente, a si las infracciones revisten carácter general y punitivo, así como a la gravedad de las sanciones impuestas. El propio art. 2 del Protocolo número 7 del Convenio excluye de este derecho a las infracciones «de menor gravedad según las defina la ley». El legislador español deberá reformar la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa para adecuarla a las exigencias de esta doctrina de Estrasburgo, lo que puede suponer un primer paso, importante, hacia la deseable generalización de la doble instancia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Tras solo veinticinco años de existencia en el orden contencioso administrativo, el recurso de casación ha sido reformado en profundidad por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, con la finalidad de que sirva para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. Para lograr este objetivo se ha introducido como elemento clave el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. A la vista por tanto del importante papel que se le atribuye al Tribunal Supremo, el presente trabajo analiza la labor desarrollada por el mismo durante los tres años que el nuevo recurso de casación lleva en vigor, con especial atención a las decisiones que han delimitado el concepto de interés casacional objetivo y a las que cumplen la función interpretativa y de formación de jurisprudencia, en particular en relación con la LJCA. También se hace un estudio sobre los principales problemas que plantea el recurso de casación autonómico, que tiene una regulación legal claramente insuficiente., Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas

Tras solo veinticinco años de existencia en el orden contencioso administrativo, el recurso de casación ha sido reformado en profundidad por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, con la finalidad de que sirva para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. Para lograr este objetivo se ha introducido como elemento clave el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. A la vista por tanto del importante papel que se le atribuye al Tribunal Supremo, el presente trabajo analiza la labor desarrollada por el mismo durante los tres años que el nuevo recurso de casación lleva en vigor, con especial atención a las decisiones que han delimitado el concepto de interés casacional objetivo y a las que cumplen la función interpretativa y de formación de jurisprudencia, en particular en relación con la LJCA. También se hace un estudio sobre los principales problemas que plantea el recurso de casación autonómico, que tiene una regulación legal claramente insuficiente., Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas

Tras solo veinticinco años de existencia en el orden contencioso administrativo, el recurso de casación ha sido reformado en profundidad por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, con la finalidad de que sirva para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. Para lograr este objetivo se ha introducido como elemento clave el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. A la vista por tanto del importante papel que se le atribuye al Tribunal Supremo, el presente trabajo analiza la labor desarrollada por el mismo durante los tres años que el nuevo recurso de casación lleva en vigor, con especial atención a las decisiones que han delimitado el concepto de interés casacional objetivo y a las que cumplen la función interpretativa y de formación de jurisprudencia, en particular en relación con la LJCA. También se hace un estudio sobre los principales problemas que plantea el recurso de casación autonómico, que tiene una regulación legal claramente insuficiente., Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas

Tras solo veinticinco años de existencia en el orden contencioso administrativo, el recurso de casación ha sido reformado en profundidad por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, con la finalidad de que sirva para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. Para lograr este objetivo se ha introducido como elemento clave el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. A la vista por tanto del importante papel que se le atribuye al Tribunal Supremo, el presente trabajo analiza la labor desarrollada por el mismo durante los tres años que el nuevo recurso de casación lleva en vigor, con especial atención a las decisiones que han delimitado el concepto de interés casacional objetivo y a las que cumplen la función interpretativa y de formación de jurisprudencia, en particular en relación con la LJCA. También se hace un estudio sobre los principales problemas que plantea el recurso de casación autonómico, que tiene una regulación legal claramente insuficiente., Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas

Acercamiento a una fijación conceptual de los bienes de dominio o de servi-cio público, en cuanto propiedades especiales de las diferentes Administracio-nes Públicas, y su marco normativo. En el régimen local, descripción de las dis-posiciones legales que amparan los bienes de dominio público y capacidad de las entidades municipales y provinciales para su señalamiento, inscripción, de-fensa, recuperación y desahucio, así como los medios compulsorios admitidos por la vía administrativa y judicial. Se describe la doctrina jurisprudencial y los criterios utilizados por la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los caminos públicos locales, de su catalogación y de su naturaleza; de igual modo, se indican los criterios sobre la legalidad de los actos de las entidades locales, tanto procedimentales como de fondo, en la fijación de los bienes de uso público y general. Recoge, asimismo, las sentencias más destacadas sobre esta materia pronunciadas en estas dos últimas décadas., Approach to a conceptual fixation of the goods of domain or of public service, as special properties of the different Public Administrations, and their norma-tive framework. In the local regime, description of the legal provisions that pro-tect public property and the capacity of municipal and provincial entities for their identification, registration, defense, recovery and eviction, as well as the compulsory means admitted by administrative and judicial means. It describes the jurisprudential doctrine and criteria used by the contentious-administrative jurisdiction with respect to local public roads, their cataloguing and nature; like-wise, it indicates the criteria on the legality of the acts of local entities, both pro-cedural and substantive, in the establishment of goods for public and general use. It also includes the most important rulings on this subject handed down over the last two decades.

In the STS no. 68/2019 of January 28, 2019, it deals with the legitimacy of the complainant in the contentious-administrative proceeding, concluding that no legitimation can be established when there is no direct interest in the matter and that it should not confusing the legitimate interest with a personal or moral satisfaction of the complainant / injured party. The commented sentence provides a series of criteria systematically collected in this regard that could be summarized as follows: 1. Whistleblower is not the same as interested; by the simple fact of his complaint, the complainant has no legitimate interest to demand the imposition of sanctions. 2. The legitimacy of the complainant depends on the holder of a legitimate interest. 3. It may be considered a legitimate interest for the administrative body to carry out an investigation and verification activity in order to verify whether irregular conduct has occurred. 4. The general rule is that there is no legitimation to request the imposition of a sanction or aggravation of the already imposed because it is not considered a benefit or advantage that corresponds to a legitimate interest. 5. Legitimacy could be admitted when the interest in imposing a penalty could have a direct impact on its patrimonial sphere. 6. So that there can be legitimacy, a mere formal interest can, En la STS nº 68/2019 de 28 de enero de 2019 (nº de recurso: 4580/2017) se trata sobre la legitimación del denunciante en el proceso contencioso-administrativo, llegando a la conclusión de que no cabe apreciar legitimación cuando no existe un interés directo en el asunto y que no debe confundirse el interés legítimo con una satisfacción personal o moral del denunciante/perjudicado. Aporta la sentencia comentada una serie de criterios sistemáticamente recogidos al respecto que podrían resumirse del siguiente modo: 1. Denunciante no es lo mismo que interesado; por el simple hecho de su denuncia, el denunciante no tiene interés legitimador para exigir la imposición de sanciones. 2. La legitimación del denunciante depende de que sea titular de un interés legítimo. 3. Puede considerarse interés legítimo que el órgano administrativo desarrolle una actividad de investigación y comprobación a fin de constatar si se ha producido una conducta irregular. 4. La regla general es que no hay legitimación para solicitar la imposición de una sanción o agravación de la ya impuesta por no considerarse un beneficio o ventaja que se corresponda con un interés legítimo. 5. Se podría admitir legitimación cuando el interés en que se imponga una sanción pudiese tener incidencia directa en su esfera patrimonial. 6. Para que pueda haber legitimación no cabe invocar un mero interés formal.

The 2015 legal reform of the cassation appeal (recurso de casación) in the Spanish contentious administrative jurisdiction laid down a new model based on the objective cassation interest for establishing precedent. Following the reform, two different judicial authorities were entrusted this nomofilactic function in accordance with the laws infringed. In this sense, a cassation appeal is to be lodged to the Supreme Court in the event of State or EU legislation, while the High Courts of Justice, through a specific Cassation Section, have jurisdiction in the event of a law adopted by the corresponding autonomous community according to the single article regulating it (Article 86.3 of the Administrative Appeal Courts Law or LJCA). In the latter case, given the scarce regulation of the abovementioned Article and its faulty legislative technique, along with the multiplicity of competent regional courts, a disparity of interpretative approaches has arisen. The difficult translation of the State scheme into the regional one has resulted in a number of High Courts of Justice denying the existence of such appeal or claiming the impossible nature of its implementation. This article aims to reveal the different interpretations made by the courts and summarize the rulings made by the Constitutional Court in respect thereof., La reforma del año 2015 del recurso de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa instauró un modelo basado en el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, cuya función nomofiláctica se reconocía a dos instancias en función de la normativa invocada como infringida. En este sentido, se configuró un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuando la normativa resultase de índole estatal o comunitaria. En cambio, mediante la previsión en un único precepto —el art. 86.3 LJCA— se atribuye el conocimiento del recurso de casación a una Sección de Casación de los tribunales superiores de justicia cuando la norma a interpretar sea autonómica. Esta segunda modalidad, de ámbito autonómico, ha generado una disparidad de criterios interpretativos en las distintas comunidades autónomas, fruto de la parca regulación y de una defectuosa técnica legislativa. La difícil traslación del régimen estatal a la casación autonómica ha generado que, por parte de algunos tribunales superiores de justicia, se haya negado la propia existencia de este recurso o su imposible aplicación. El objeto del presente artículo jurisprudencial es poner de manifiesto las distintas interpretaciones por parte de los tribunales, así como sintetizar los pronunciamientos constitucionales recaídos en la materia.

El presente estudio tiene como objeto analizar si la imposibilidad de que las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria se revisen en vía judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa pudiera suponer una vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en concreto, del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley. En este sentido, pese a concluirse la constitucionalidad formal de dicha previsión normativa, se cuestiona que el desplazamiento al orden penal del control de legalidad de tales liquidaciones constituya la mejor opción desde una perspectiva técnico-jurídica, al llevarse a cabo por órganos judiciales no especializados en el ámbito tributario y que, por tanto, no son los naturalmente competentes por razón de la materia. El enjuiciamiento de las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa ofrecería mayores garantías a los justiciables, coadyuvando a la consecución de una auténtica tutela judicial efectiva., The aim of this paper is to analyze whether the fact that tax assessments related to tax crime cannot be submitted before the tax jurisdiction constitutes a violation of article 24 of the Spanish Constitution and, particularly, of the fundamental right to a legal predetermined judge. In this line, notwithstanding the formal constitutionality of that provision, the author questions whether the assignment to the criminal court of the legal control of these tax assessments represents the best option from a technical and juridical point of view, taking into account that these judges are not specialized in taxation; and, consequently, they are not the originally competent ones by reason of matter. In the author's opinion, taxpayers guarantees' would be more respected if tax assessments related to tax crimes could be submitted before tax jurisdiction, which would mean the achievement of a true effective judicial protection.

Existen dos problemas concretos que inciden en la ejecución de las sentencias que condenan a las entidades locales al pago de una cantidad pecuniaria: por un lado, la confrontación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y a la eficaz ejecución de sentencias que condenan a una Administración Pública; y por otro lado la búsqueda de la financiación necesaria para poder afrontar con las máximas garantías el pago y con el menor trastorno en la liquidez de la propia Administración. Este trabajo trata de analizar la colisión entre la tutela judicial efectiva y dos institutos esenciales del Derecho Financiero: la legalidad presupuestaria (el Presupuesto) y la financiación del mismo (el Gasto Público). Se analizan estos aspectos teniendo en cuenta la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio que establece un nuevo mecanismo de financiación de la ejecución de sentencias firmes para las Entidades Locales.

El presente estudio tiene como objeto analizar si la imposibilidad de que las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria se revisen en vía judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa pudiera suponer una vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en concreto, del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley. En este sentido, pese a concluirse la constitucionalidad formal de dicha previsión normativa, se cuestiona que el desplazamiento al orden penal del control de legalidad de tales liquidaciones constituya la mejor opción desde una perspectiva técnico-jurídica, al llevarse a cabo por órganos judiciales no especializados en el ámbito tributario y que, por tanto, no son los naturalmente competentes por razón de la materia. El enjuiciamiento de las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa ofrecería mayores garantías a los justiciables, coadyuvando a la consecución de una auténtica tutela judicial efectiva., The aim of this paper is to analyze whether the fact that tax assessments related to tax crime cannot be submitted before the tax jurisdiction constitutes a violation of article 24 of the Spanish Constitution and, particularly, of the fundamental right to a legal predetermined judge. In this line, notwithstanding the formal constitutionality of that provision, the author questions whether the assignment to the criminal court of the legal control of these tax assessments represents the best option from a technical and juridical point of view, taking into account that these judges are not specialized in taxation; and, consequently, they are not the originally competent ones by reason of matter. In the author's opinion, taxpayers guarantees' would be more respected if tax assessments related to tax crimes could be submitted before tax jurisdiction, which would mean the achievement of a true effective judicial protection.

Existen dos problemas concretos que inciden en la ejecución de las sentencias que condenan a las entidades locales al pago de una cantidad pecuniaria: por un lado, la confrontación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y a la eficaz ejecución de sentencias que condenan a una Administración Pública; y por otro lado la búsqueda de la financiación necesaria para poder afrontar con las máximas garantías el pago y con el menor trastorno en la liquidez de la propia Administración. Este trabajo trata de analizar la colisión entre la tutela judicial efectiva y dos institutos esenciales del Derecho Financiero: la legalidad presupuestaria (el Presupuesto) y la financiación del mismo (el Gasto Público). Se analizan estos aspectos teniendo en cuenta la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio que establece un nuevo mecanismo de financiación de la ejecución de sentencias firmes para las Entidades Locales.

1998 Aarhus Convention, on access to information, public participation indecision-making and access to justice in environmental matters, was incorporated into the Spanish legal system by means of Law 27/2006, of July 18, whose arts. 22 and 23 regulate the popular action in environmental matters. During the last decade, this litigation instrument has been used frequently to bring before Courts multiple administrative acts with an impact on the environment: sanctions, concessions, plans and regulations, investigation authorizations and even a pardon. In this way, Supreme Court’s Contentious-administrative Chamber has been able to specify the main characteristics of this action, whose analysis —legal, doctrinal and jurisprudential— is the object of this paper., El Convenio de Aarhus de 1998, sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, fue incorporado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, cuyos arts. 22 y 23 regulan la acción popular en asuntos medioambientales. Durante la última década, este instrumento procesal ha sido empleado frecuentemente para llevar ante los tribunales múltiples actos administrativos con incidencia en el medio ambiente: sanciones, concesiones, planes y reglamentos, permisos de investigación e incluso un indulto. De este modo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha podido concretar las principales características de esta acción, cuyo análisis —legal, doctrinal y jurisprudencial— es el objeto del presente trabajo.

Law 7/2015 of 21 July amended the Law of the contentious-administrative jurisdiction of 1998 incorporating a new model of appeal facing the Supreme Court which has similarities with the northamerican writ of certiorari and that has tried to overcome the difficulties that offered the repealed system in terms of access to the resource itself and the material scope that was subject to review. This new «Appeal Target» exceeds these limitations, but when delivering the decision on admission to the discretion of the Court, primarily for this form jurisprudence, raises the concern about the attention that should be dispensed to the so-called ius litigatoris. The form and content of this article has been made as the basic text for a scientific debate on the subject., La Ley 7/2015 de 21 de julio modificó la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998 incorporando un nuevo modelo de recurso de casación ante el Tribunal Supremo que tiene semejanzas con el writ of certiorari norteamericano y que ha tratado de superar las dificultades que ofrecía el sistema derogado en cuanto al acceso al propio recurso y al ámbito material que era susceptible de revisión. Este nuevo «recurso de casación objetivo» supera dichas limitaciones, pero al entregar la decisión sobre la admisión al criterio del Tribunal, fundamentalmente para que este forme jurisprudencia, plantea la inquietud sobre la atención que deba dispensarse al llamado ius litigatoris. La forma y contenido del presente artículo se ha hecho como texto de base para un debate científico sobre el tema.

La llei de 1956 va establir el model de jurisdicció i procés contenciós administratiu encara vigent avui i va afrmar un sistema judicial strictu sensu, amb dos únics òrgans jurisdiccionals i un sistema d’impugnació de les seues resolucions molt senzill: les providències i interlocutòries es recorrien en súplica –l’actual reposició– i les sentències de les sales contencioses administratives de les audiències territorials, en apel·lació davant de la Sala Tercera del Tribunal Suprem; al marge del recurs extraordinari de revisió. Després de la Constitució s’han operat reformes successives, pressuposada la institucionalització en 1977 de l’Audiència Nacional. La Llei orgànica del poder judicial va establir els tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes –creats en 1988– i va afrmar dos nous òrgans jurisdiccionals unipersonals: els jutjats provincials i els jutjats centrals –només sobre el paper, perquè la seua implantació es va diferir fns a la vigent llei jurisdiccional. El resultat és el model vigent, amb cinc tipus d’òrgans jurisdiccionals: tres d’àmbit estatal i dos d’àmbit territorial limitat; tres col·legiats i dos unipersonals. La reforma de 1992 va suprimir el recurs d’apel·lació i va introduir la cassació –en tres modalitats: ordinària, per a unifcació de doctrina i en interès de llei–. La Llei 29/1998 va assumir aquest esquema i va recuperar l’apel·lació. La reforma 2009 va introduir dos nous recursos, enfront de les resolucions dels lletrats de l’administració de justícia. Finalment, la Llei orgànica 7/2015 ha introduït una reforma substancial en la cassació: un únic recurs, per a crear una doctrina jurisprudencial sòlida i estable, que requereix la invocació d’una il·legalitat i l’acreditació d’un interès cassacional objectiu, requisit que replica la reforma del recurs d’empara de 2007, en la línia del certiorari de la justícia nord-americana., La Ley de 1956 estableció el modelo de jurisdicción y proceso contencioso-administrativo todavía hoy vigente, afrmando un sistema judicial strictu sensu, con dos únicos órganos jurisdiccionales y un sistema de impugnación de sus resoluciones muy sencillo: las providencias y autos se recurrían en súplica –la actual reposición– y las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales en apelación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo; al margen del recurso extraordinario de revisión. Tras la Constitución se han operado sucesivas reformas, presupuesta la institucionalización en 1977 de la Audiencia Nacional. La Ley Orgánica del Poder Judicial estableció los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas –creados en 1988– y afrmó dos nuevos órganos jurisdiccionales, unipersonales: los Juzgados provinciales y los Juzgados Centrales –solo sobre el papel, pues su implantación se difrió hasta la vigente Ley Jurisdiccional–. El resultado es el vigente modelo, con cinco tipos de órganos jurisdiccionales: tres de ámbito estatal y dos de ámbito territorial limitado; tres colegiados y dos unipersonales. La reforma de 1992 suprimió el recurso de apelación e introdujo la casación –en tres modalidades: ordinaria; para unifcación de doctrina y en interés de ley–. La Ley 29/1998 asumió este esquema, recuperando la apelación. La reforma 2009 introdujo dos nuevos recursos, frente a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia. Finalmente, la Ley Orgánica 7/2015 ha introducido una sustancial reforma en la casación: un único recurso, para crear una doctrina jurisprudencial sólida y estable, requiriéndose la invocación de una ilegalidad y la acreditación de un interés casacional objetivo; requisito que replica la reforma del recurso de amparo de 2007, en la línea del certiorari de la justicia norteamericana

The article deals with the process of parliamentary processing of the Judicial Review Act of 1956 that it is of interest for the important amendments and innovations that were incorporated in its text including a definition of the Misuse of Power that contributed to an improvement or refinement of the Judicial Review of Administration Action. It should be remembered that the approval of the Law of 1956, that was in force until 1999, coincided in Spain with the beginning of the Reformation of Administrative Law and constituted a decisive antecedent towards the implementation of the Rule of Law that finally was reached with the Constitution of 1978, Este artículo estudia el proceso parlamentario de elaboración de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956, que es de interés por las enmiendas e innovaciones que se incorporaron a su texto, incluida una definición de la desviación de poder, que contribuyeron al perfeccionamiento del control judicial de la acción administrativa. Además, debe recordarse que la aprobación de la Ley de 1956, que estuvo vigente hasta 1998, coincidió en España con la iniciación de la reforma del derecho administrativo y constituyó un decisivo antecedente para la implantación del Estado de derecho que finalmente se alcanzó con la Constitución de 1978.

In diesem Essay werden die Fragen der rechtlichen Regelung der Unternehmen des Privatrechts untersucht, die mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten, um Ihre verfahrensrechtliche und materielle Beteiligung zu definieren., In this essay we study the issues related to the legal system of the Private Law entities connected with the Administration to the effect of mapping out its core and court implications., Se analizan en este ensayo las cuestiones atinentes al régimen jurídico de las entidades de Derecho privado vinculadas a la Administración a los efectos de determinar sus implicaciones sustantivas y procesales.

In diesem Essay werden die Fragen der rechtlichen Regelung der Unternehmen des Privatrechts untersucht, die mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten, um Ihre verfahrensrechtliche und materielle Beteiligung zu definieren., In this essay we study the issues related to the legal system of the Private Law entities connected with the Administration to the effect of mapping out its core and court implications., Se analizan en este ensayo las cuestiones atinentes al régimen jurídico de las entidades de Derecho privado vinculadas a la Administración a los efectos de determinar sus implicaciones sustantivas y procesales.

El régimen jurídico de la tutela cautelar que rige hoy por hoy para la justicia administrativa en Cuba, se basa en el principio de ejecutabilidad de los actos administrativos, y por tanto, en la regla de la no suspensión de las decisiones de la administración pública. El modelo construido tomó como referencia el sistema de justicia cautelar administrativa del derecho franco-español de finales del siglo xix. En el siguiente trabajo se parte del presupuesto de la necesidad de un cambio de paradigma en torno a la ordenación jurídica de la tutela cautelar administrativa en Cuba; para la cual se aportan argumentos teóricos que justifican una modificación en pos de ampliar y reforzar el rol de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

This article proposes a labor reading of public performance. It refers to the problem faced by public labor relations in Colombia, specifically those referring to the government, those of public employees, consisting in a systematic non application of norms which protect human work the prevalent use of sources ofmanagement public law for its regulation. From verification of this phenomenon in the scenario of litigious processes known by the Colombian management justice in a specific period, it was concluded that nineteenth century theories of sovereignty and government authoritarianism, which covered under the fact of general interest protection continue being in force, resulting in an unilateralconception of the labor link between employees and the State, El artículo propone una lectura laboral de la función pública. Es por eso que expone la problemática a la que se ven enfrentadas las relaciones laborales de carácter estatal en Colombia, específicamente las de naturaleza estatutaria, propia de los llamados empleados públicos, consistente en la sistemáticainaplicación de las normas protectoras del trabajo humano y la prevalente utilización de las fuentes del derecho público administrativo para su regulación. A partir de la constatación que se hace de este fenómeno en el escenario de los procesos contenciosos conocidos por justicia administrativa colombiana en un período determinado, se concluye que siguen vigentes en dicho escenariolas decimonónicas teorías de la soberanía y el autoritarismo estatal que, con la justificante de la protección del interés general, siguen traduciendo en el ámbito de la función pública una concepción unilateralista del vínculo laboral que une a los empleados con el Estado.

Una aproximación a la obra y personalidad del profesor Eduardo García de Enterría, destacando sus principales estudios y aportaciones a la ciencia jurídico-administrativa y al Derecho Público en general, así como su significado y valor para los juristas actuales y futuros., An approach to the work and personality of Professor Eduardo García de Enterría, highlighting their major studies and contributions to the legal and administrative science and public law in general, and their meaning and value to current and future lawyers.

The Spanish parliament has recently approved Act 20/2013 of December 9th, on guarantee of market unity. The Act introduces safeguard mechanisms in order to protect freedom of access of economic operators as well as the principle of single license and mutual recognition of administrative authorizations granted by regional authorities. Along with this, the new piece of legislation establishes reaction tools against breaches of legal provisions such as the complain before the Council for Market Unity and the petition of judicial appeal to the National Commission on Markets and Competition (Spanish Competition Authority). Finally, the Act 29/1998 on Administrative Jurisdiction is amended to introduce a special procedure for judicial review of administrative activity afecting market unity., El Parlamento español acaba de aprobar la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. La Ley introduce mecanismos de garantía de la libertad de acceso de los operadores económicos y el principio de licencia única o reconocimiento mutuo de las autorizaciones administrativas concedidas por Comunidades Autónomas. Junto con ello, se prevén mecanismos de reacción frente a posibles incumplimientos como la denuncia ante el Consejo para la Unidad de Mercado y la petición de impugnación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Finalmente, se modifica la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para introducir un procedimiento especial en materia de unidad de mercado.

El régimen general de acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa que se regula actualmente en el orden positivo en Cuba no ha conseguido atemperarse a la evolución del Derecho público contemporáneo; hoy en día permanece muy similar a sus primeros antecedentes normativos dados por España, oriundos de la segunda mitad del siglo XIX. Con el objetivo de demostrar la anterior afirmación, el trabajo se enfrasca en la descripción y análisis de la evolución histórica de tres categorías que estructuran parte esencial del cuadro jurídico de acceso a la justicia administrativa en Cuba: el recurso de plena jurisdicción, la potestad discrecional y la potestad reglamentaria, a través de los hitos normativos que sobre estas materias han existido en Cuba hasta la actualidad. Con ayuda de los elementos históricos, se aportan algunas notas para un estudio crítico de los presupuestos de acceso al control de la legalidad de la acción administrativa que se hallan vigentes en el orden positivo cubano.

The aim of this study is to offer a practical overview of the daily functions of the Provincial Council of Madrid (Consejo Provincial), both as a consultative and advisory body of the Civil Governor and a court for the recently created contentious-administrative proceedings, during the period spanning 1852-1853.En alemán: Die vorliegende Studie möchte einen praktischen Einblick in das Tagesgeschäft des Provinzialrats von Madrid (Consejo Provincial) geben; und zwar in seiner Eigenschaft als Sachverständiger und Berater des Provinzgouverneurs, als Gerichtsinstanz, des gerade erst geschaffenen Verwaltungsgerichts, in den Jahren 1852 bis 1853., El presente estudio tiene como objeto ofrecer una visión práctica del quehacer cotidiano del Consejo Provincial de Madrid, tanto en su calidad de órgano consultivo y asesor del Gobernador Civil, como de tribunal de la recién creada jurisdicción contencioso-administrativa, durante el periodo 1852-1853.

The aim of this study is to offer a practical overview of the daily functions of the Provincial Council of Madrid (Consejo Provincial), both as a consultative and advisory body of the Civil Governor and a court for the recently created contentious-administrative proceedings, during the period spanning 1852-1853.En alemán: Die vorliegende Studie möchte einen praktischen Einblick in das Tagesgeschäft des Provinzialrats von Madrid (Consejo Provincial) geben; und zwar in seiner Eigenschaft als Sachverständiger und Berater des Provinzgouverneurs, als Gerichtsinstanz, des gerade erst geschaffenen Verwaltungsgerichts, in den Jahren 1852 bis 1853., El presente estudio tiene como objeto ofrecer una visión práctica del quehacer cotidiano del Consejo Provincial de Madrid, tanto en su calidad de órgano consultivo y asesor del Gobernador Civil, como de tribunal de la recién creada jurisdicción contencioso-administrativa, durante el periodo 1852-1853.

El presente artículo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2005, en la que se concluye que la suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias sin garantía acordada en vía administrativa no mantiene, de manera automática, su efectividad en la ulterior sede contencioso-administrativa hasta la terminación de ésta última (es decir, hasta la sentencia decisoria sobre el fondo del asunto), sino tan sólo hasta que el órgano judicial adopte la correspondiente resolución sobre la suspensión en la oportuna pieza separada, de modo que, si la misma resulta desestimatoria, la Administración podrá ejecutar la sanción impugnada.

El presente artículo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2005, en la que se concluye que la suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias sin garantía acordada en vía administrativa no mantiene, de manera automática, su efectividad en la ulterior sede contencioso-administrativa hasta la terminación de ésta última (es decir, hasta la sentencia decisoria sobre el fondo del asunto), sino tan sólo hasta que el órgano judicial adopte la correspondiente resolución sobre la suspensión en la oportuna pieza separada, de modo que, si la misma resulta desestimatoria, la Administración podrá ejecutar la sanción impugnada.

[Resumen] El presente trabajo trata sobre la naturaleza de la jurisdicción contencioso administrativa en relación con las sentencias en materia de derechos fundamentales de la persona y en materia de principios rectores de la política social y económica. En concreto, se analiza la virtualidad de las medidas cautelares en materia de derechos fundamentales en el marco de la jurisdicción contencioso administrativa y hasta qué punto es posible anular actos y normas a partir de la lesión de los principios rectores de la política social y económica., [Abstract] This study examines the nature of contentious administrative jurisdiction with regard to sentences passed regarding the fundamental rights of the individual and the governing principles of social and economic policy. Specific analysis is made of the possibility of preventative measures in matters of fundamental rights within a framework of contentious administrative jurisdiction and examining to what extent it is possible to annul acts and regulations based on prejudice to the governing principles of social and economic policy.

[Resumen] Las peculiaridades del orden contencioso-administrativo respecto de otros órdenes jurisdiccionales recaen también sobre sobre la argumentación jurídica, reflejada en las sentencias de los juzgados y tribunales contencioso-administrativos. Los principios de congruencia y de motivación, la protección de la confianza legítima, la interdicción de la arbitrariedad y la tutela del servicio al interés general son analizados en las páginas que siguen., [Abstract] The peculiarities of the administrative litigation order in respect of other court systems also affect on the legal arguments, reflected in the judgments of the courts. The principles of consistency and motivation, protection of legitimate expectations, the prohibition of arbitrariness and the protection of general interest are discussed in the following pages

[Resumen] En el presente estudio se trata de sistematizar la doctrina jurisdiccional emanada tanto de los juzgados como de los tribunales españoles en el orden contencioso- administrativo, así como de nuestro Tribunal Constitucional y de los Tribunales Europeos en cuanto se refiere a los principios, condiciones, regulación y ejercicio de la competencia disciplinaria que, en materia de ética profesional, tienen atribuida los colegios de abogados. Con este propósito, recorre el artículo la doctrina emanada del justiciable en relación con la naturaleza y funciones públicas de tales entes corporativos en materia disciplinaria, la referida a la especial naturaleza de la relación jurídica existente entre éstos y los abogados a ellos adscritos, la que atañe a los principios generales del derecho administrativo sancionador y la dedicada a cuestiones de procedimiento., [Abstract] The present study deals with the systematizing of the jurisdictional knowledge stemming from the judicature as much as the Spanish courts of the litigious administrative proceedings system as well as from our Constitutional Court and the European Courts, inasmuch as it refers to the principles, conditions, regulation and exercise of disciplinary jurisdiction that, regarding professional ethics, have been attributed to the lawyer associations. With this aim, the article covers the knowledge stemming from what is actionable in terms of the nature and public duties of the associations in disciplinary matters relating to the special nature of the legal relationship which exists between these and the lawyers appointed to them, which pertains to the general principles of sanctioning administrative law and is dedicated to the questions of procedure.