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[ES] Con ocasión de la declaración del estado de alarma por el desconocido Covid-19, la potestad sancionadora de la Administración tomó su mayor protagonismo en los meses en los que toda la ciudadanía se encontraba en una situación de confinamiento domiciliario. De tal forma, el primer Real Decreto 463/2020 establecía una serie de limitaciones con la finalidad de proteger la salud pública, sin embargo, la aplicación analógica de ciertas normas sin especificar las conductas no permitidas, la generalidad de la normativa aplicable y la variedad de interpretaciones que se generaron como consecuencia de la oportuna celeridad, llevaron a las autoridades competentes a sancionar comportamientos que hasta la fecha eran comunes, en ocasiones, sin requerir previamente a la persona sobre la prohibición de la conducta realizada, lo cual fue, durante un largo periodo, objeto de debate en los tribunales. La correcta aplicación de los principios sancionadores de la administración se pone en constante duda, así como la debilidad argumental de la corriente que señala que el Real Decreto es una norma abstracta y que, por tanto, no es necesario llevar a cabo el apercibimiento oportuno. De igual forma, la inseguridad jurídica en esta situación excepcional es creciente y notoria, así como las dudas constantes en la ciudadanía y las autoridades con respecto a las conductas susceptibles de ser sancionadas.

[ES] Con ocasión de la declaración del estado de alarma por el desconocido Covid-19, la potestad sancionadora de la Administración tomó su mayor protagonismo en los meses en los que toda la ciudadanía se encontraba en una situación de confinamiento domiciliario. De tal forma, el primer Real Decreto 463/2020 establecía una serie de limitaciones con la finalidad de proteger la salud pública, sin embargo, la aplicación analógica de ciertas normas sin especificar las conductas no permitidas, la generalidad de la normativa aplicable y la variedad de interpretaciones que se generaron como consecuencia de la oportuna celeridad, llevaron a las autoridades competentes a sancionar comportamientos que hasta la fecha eran comunes, en ocasiones, sin requerir previamente a la persona sobre la prohibición de la conducta realizada, lo cual fue, durante un largo periodo, objeto de debate en los tribunales. La correcta aplicación de los principios sancionadores de la administración se pone en constante duda, así como la debilidad argumental de la corriente que señala que el Real Decreto es una norma abstracta y que, por tanto, no es necesario llevar a cabo el apercibimiento oportuno. De igual forma, la inseguridad jurídica en esta situación excepcional es creciente y notoria, así como las dudas constantes en la ciudadanía y las autoridades con respecto a las conductas susceptibles de ser sancionadas.

[ES] Con ocasión de la declaración del estado de alarma por el desconocido Covid-19, la potestad sancionadora de la Administración tomó su mayor protagonismo en los meses en los que toda la ciudadanía se encontraba en una situación de confinamiento domiciliario. De tal forma, el primer Real Decreto 463/2020 establecía una serie de limitaciones con la finalidad de proteger la salud pública, sin embargo, la aplicación analógica de ciertas normas sin especificar las conductas no permitidas, la generalidad de la normativa aplicable y la variedad de interpretaciones que se generaron como consecuencia de la oportuna celeridad, llevaron a las autoridades competentes a sancionar comportamientos que hasta la fecha eran comunes, en ocasiones, sin requerir previamente a la persona sobre la prohibición de la conducta realizada, lo cual fue, durante un largo periodo, objeto de debate en los tribunales. La correcta aplicación de los principios sancionadores de la administración se pone en constante duda, así como la debilidad argumental de la corriente que señala que el Real Decreto es una norma abstracta y que, por tanto, no es necesario llevar a cabo el apercibimiento oportuno. De igual forma, la inseguridad jurídica en esta situación excepcional es creciente y notoria, así como las dudas constantes en la ciudadanía y las autoridades con respecto a las conductas susceptibles de ser sancionadas.

[ES]La regulación de las parejas de hecho supuso un gran avance en su momento sobre todo para las parejas del mismo género que, al no estar regulado el matrimonio homosexual en el Derecho civil, no podían legalizar su relación de pareja de otra forma. Hoy día, estando admitido también el matrimonio para personas del mismo género, en este trabajo se trata de poner de relieve la inseguridad jurídica a la que se ven expuestas las parejas que hayan optado por formalizar su unión mediante alguna de las diferentes legislaciones autonómicas aprobadas al efecto. Los continuos cambios de criterio de la jurisdicción hacen que el ejercicio de sus derechos sea discriminado respecto de los de las parejas que se han formalizado mediante la institución del matrimonio, y quedan expuestas a la inseguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos., [EU]Izatezko bikoteen erregulazioa aurrerapen handia izan zen bere garaian batez ere genero bereko bikoteentzat, Zuzenbide zibilean homosexualen arteko ezkontza araututa ez zegoenez, ezin baitzuten bikote-harremana beste modu batean legeztatu. Genero berdineko pertsonen arteko ezkontza legeztatuta dagoen garai honetan, lan honetan agerian jarri nahi da beraien egoera legeztatzeko legedi autonomikoren baten bidez elkartzea hautatu duten izatezko bikoteek jasaten duten segurtasun-juridiko eza. Jurisdikzioaren irizpide-aldaketa etengabeen ondorioz, beren eskubideen egikaritza diskriminatua da ezkontzaren bidez formalizatu diren bikoteekiko, eta beren eskubideak baliatzean segurtasun-juridiko eza izango dute.

La presente investigación, pretende visibilizar la desprotección, inseguridad jurídica y las pocas garantías con que cuenta un empleador al tener vinculado un trabajador en condiciones de debilidad manifiesta por salud. Lo anterior, como consecuencia del actual desarrollo jurisprudencial y la consagración legal del fuero de salud laboral. Así pues, con esta investigación se pretende poner en evidencia los conflictos que, en la práctica se suscitan en escenarios laborales particulares en los cuales el protagonista es el trabajador en situación de discapacidad. Conflictos frente a los cuales, el respectivo empleador, suele enfrentarse a complejos retos y disyuntivas debido a: 1. la inseguridad jurídica producto de los choques de trenes de las altas cortes respecto de la materia; 2. la imposición, vía tutela, de obligaciones desproporcionadas o excesivas para el empleador; 3. el desconocimiento de la capacidad financiera de las empresas en virtud de las órdenes de tutela, y los actuales requisitos exigidos por parte del Ministerio del Trabajo al momento de autorizar el despido de un trabajador aforado; 4. el abuso de los derechos por parte de algunos trabajadores con fuero de salud; 5. las demoras y formalidades derivadas del trámite de autorización de despido ante el Ministerio del Trabajo y; 6. la poca claridad sobre la competencia para autorizar el despido cuando hay una justa causa. A partir de lo anterior, se propondrán algunas posibles soluciones de las referidas problemáticas en aras de proponer un escenario más equitativo para los empleadores, sin desconocer la especial protección constitucional que ostentan los trabajadores en situación de debilidad manifiesta por salud., The aim of this workpaper is to visualize the lack of protection, legal uncertainty and the few guarantees an employer must face when an employee is benefiting from special treatment due to his health condition. This exceptional consideration is founded on the current legislation about job stability by health condition and its jurisprudential development. Therefore, this research purpose is to highlight the conflicts that, in practice, arises in particular work scenarios in which the protagonist is a disabled employee. The conflicts that employers must dealt with are complex, challenging and can create a dilemma, and they usually are caused by the following reasons: 1. Legal uncertainty resulting from the higher Courts dissonance with regards to the matter of subject; 2. Imposition of disproportionate or excessive obligations on the employer as results of constitutional actions decisions: 3. Constitutional actions decisions do not consider employers' financial capacity; and current requirements demanded by the Ministry of Labour at the time of authorising the dismissal of an employee who benefits from special treatment due to his health condition; 4. Abusive usage of rights from protected employees because of their health condition; 5. Excessive delays and formalities associated with the Ministry of Labour's procedures for authorizing the protected employees' dismissal and; 6. Lack of clarity in the rules regarding the competence to authorize employee's dismissal when there is just cause for it. Based on the above, some possible solutions to these problems will be proposed in order to propose a more equal scenario for employers, without ignoring the special constitutional protection of workers in a situation of manifest health weakness.

The internationalization of economies requies goverments to strengthen trade relations with other countries around the world; the most widely used tool in recent decades has been the Fee Trade Agreements, which in addition to total or partial and progressive tax relief, imply changes in the internal conditions related to the regulations applied, with the aim of facilitating trade relations; the search for a common customs language, as well as the standardization of customs operations, is a growing requirement that forces adjustments to be made to internal processes and procedures; in addition to this, there are the multilateral organizations that more and more countries are joining, with the aim of seeking better economic, political and social conditions for their citizens, but it is necessary to pay attention to the effects that such requirements and implementations presuppose not only int the internal order, but also in the application of the rules themselves., A internacionalização das economias exige que os governos fortaleçam as relações comerciais com outros países do planeta; A ferramenta mais utilizada nas últimas décadas têm sido os Tratados de Livre Comércio, que, além da redução total ou parcial e progressiva, implicam mudanças nas condições internas relacionadas à regulamentação aplicada, com o objetivo de facilitar as relações comerciais; a busca de uma linguagem aduaneira comum, bem como a padronização das operações aduaneiras. É um requisito cada vez maior que requer ajustes nos processos e procedimentos internos; Além disso, existem os organismos multilaterais aos quais cada vez mais países estão aderindo, com o objetivo de buscar melhores condições econômicas, políticas e sociais para suas administrações, mas é preciso estar atento aos efeitos que tais demandas e implementações, pressupõe não apenas na ordem interna, mas na própria aplicação das normas., La internacionalización de las economías, exige de los gobiernos el fortalecimiento de las relaciones comerciales con otros países en todo el planeta; la herramienta más utilizada en las últimas décadas han sido los Tratados de Libre Comercio, que además de la desgravación total o parcial y progresiva, implica, cambios en las condiciones internas relativas a la normatividad aplicada, con el ánimo de facilitar las relaciones de comercio; la búsqueda de un lenguaje aduanero común, así como, la estandarización de las operaciones aduaneras. Es una exigencia cada vez mayor que obliga a que se hagan ajustes a los procesos y procedimientos internos; aunado a ello, están los organismos multilaterales a los que cada vez se unen más países, con el ánimo de buscar mejores condiciones económicas, políticas y sociales, para sus administrados, pero es necesario prestar atención a las afectaciones que tales exigencias e implementaciones, presuponen no sólo en el ordenamiento interno, sino en la aplicación misma de las normas.

With the advent of industry 4.0 and technological development, business based on the platform economy is increasingly common. With this type of economy, the optimization of resources is achieved, costs are saved, there is a greater offer for consumers and environmental protection is improved by sharing things. However, if we focus on the worker, the European Agency for Safety and Health at Work has highlighted the complexity that exists to quantify the number of digital platforms that exist and how many workers exist in them. Nor is it easy to determine what is the legal relationship between the worker and employer. All this legal uncertainty directly influences the prevention of occupational hazards. As the European Agency pointed out, some work characteristics of these platforms cannot be easily framed within the regulatory frameworks for the prevention of occupational risks that currently exist., Con la llegada de la industria 4.0 y el desarrollo tecnológico, los negocios basados en la economía de plataforma son cada vez más habituales. Con este tipo de economía se consigue la optimización de los recursos, se ahorran costes, existe una mayor oferta para los consumidores y se mejora la protección medioambiental al compartir las cosas. Sin embargo, si nos centramos en el trabajador, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha destacado la complejidad que existe para cuantificar el número de plataformas digitales que hay y cuántos trabajadores existen en ellas. Tampoco es fácil determinar cuál es la relación jurídica existente entre el trabajador y empresario. Toda esta incertidumbre jurídica influye de manera directa en la prevención de riesgos laborales. Como señaló la Agencia europea, algunas características de trabajo de estas plataformas no se pueden encuadrar con facilidad en los marcos normativos de la prevención de riesgos laborales existentes actualmente.

La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional.

La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional.

La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional.

La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional.

La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional.

La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional.

La Corte Constitucional mediante sentencia C-577 de 2011 autorizó a las parejas del mismo sexo para que se constituyeran como familia a través del contrato de unión solemne, esta jurisprudencia ha generado interpretaciones contrapuestas. Sobre esta base, se ha pretendido principalmente determinar las consecuencias jurídicas de lo resuelto en dicha sentencia, esbozar la naturaleza jurídica del contrato solemne y describir los efectos legales devenidos de la ausencia de regulación del citado instrumento, para tal fin se planteó una investigación eminentemente documental, dilucidada a través de un análisis hermenéutico. Este proceso arrojó que el contrato de unión solemne es totalmente atípico, lo cual implica que la familia homosexual se encuentre en incertidumbre legal, pues se halla inmersa en una fuerte inseguridad jurídica, traducida en conflictos de competencia judicial, disgregación procesal, desprotección erga omnes, interpretación variada y desigualdad material y de ello se dará cuenta en este artículo de reflexión.

Análisis social, político, económico y jurídico del principio de legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad jurídica por la violación a este principio y la consecuencia más evidente que es la minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo.

Análisis social, político, económico y jurídico del principio de legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad jurídica por la violación a este principio y la consecuencia más evidente que es la minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo.

Análisis social, político, económico y jurídico del principio de legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad jurídica por la violación a este principio y la consecuencia más evidente que es la minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo.

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Análisis social, político, económico y jurídico del principio de legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad jurídica por la violación a este principio y la consecuencia más evidente que es la minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo.

Análisis social, político, económico y jurídico del principio de legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad jurídica por la violación a este principio y la consecuencia más evidente que es la minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo.

Análisis social, político, económico y jurídico del principio de legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad jurídica por la violación a este principio y la consecuencia más evidente que es la minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo.

This paper analyzes the flaws present in article 11 of the 1979 Moon Treaty, which imply a number of legal loopholes that compromise the basic principles of space law, hindering the development of scientific and economic activities in outer space. It aims to contribute new legal alternatives able of circumvent the current legislative omissions that regulate outer space resource extraction, preventing international conflicts, and providing the legal certainty required to boost research and investment in outer space., O objetivo deste trabalho é analisar as falhas que têm se apresentado nas disposições do artigo 11 do Acordo que deve reger as atividades dos Estados na Lua e nos corpos celestes de 1979, as quais têm gerado vazios legais que têm posto em perigo os princípios básicos do direito espacial e têm obstaculizado o desenvolvimento das atividades científicas e econômicas no espaço. O anterior com a finalidade de contribuir na descoberta de possíveis soluções que complementem as omissões legislativas que se apresentam atualmente na regulação jurídica da extração e exploração de recursos naturais no espaço, o que prevenirá o surgimento de conflitos internacionais e proporcionará a seguridade jurídica necessária para fomentar o desenvolvimento de atividades científicas e econômicas no espaço., El objetivo de este trabajo es analizar las fallas que se han presentado en las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y en los cuerpos celestes de 1979,1 las cuales han generado vacíos legales que han puesto en peligro los principios básicos del derecho espacial y han obstaculizado el desarrollo de las actividades científicas y económicas en el espacio. Lo anterior con la finalidad de contribuir en el hallazgo de posibles soluciones que complementen las omisiones legislativas que se presentan actualmente en la regulación jurídica de la extracción y explotación de recursos naturales en el espacio, lo que prevendrá el surgimiento de conflictos internacionales y proporcionará la seguridad jurídica necesaria para fomentar el desarrollo de actividades científicas y económicas en el espacio.

El artículo tiene como propósito realizar una revisión conceptual del término de la comunicación persuasiva desde una perspectiva interdisciplinar abordada desde la comunicación y el derecho. El objetivo es evidenciar que las normas jurídicas en el ámbito publicitario se valen de términos poco exactos que en ocasiones no se ajustan a la realidad. La metodología que se llevó a cabo fue un análisis exploratorio revisando la literatura relativa a la publicidad desde la comunicación y el derecho e identificando las normas de ámbito europeo y nacionales relativas a la publicidad. Se concluye que existe un legalismo desbocado en el que la ley utiliza indistintamente términos como la publicidad, información, propaganda y fuerza de venta que generan una confusión jurídica en materia publicitaria. Una posible solución sería que las autoridades administrativas junto con la industria trabajasen conjuntamente para clarificar los términos de esta disciplina y generar una seguridad jurídica en esta materia tal y como se está haciendo en la publicidad digital.

El artículo tiene como propósito realizar una revisión conceptual del término de la comunicación persuasiva desde una perspectiva interdisciplinar abordada desde la comunicación y el derecho. El objetivo es evidenciar que las normas jurídicas en el ámbito publicitario se valen de términos poco exactos que en ocasiones no se ajustan a la realidad. La metodología que se llevó a cabo fue un análisis exploratorio revisando la literatura relativa a la publicidad desde la comunicación y el derecho e identificando las normas de ámbito europeo y nacionales relativas a la publicidad. Se concluye que existe un legalismo desbocado en el que la ley utiliza indistintamente términos como la publicidad, información, propaganda y fuerza de venta que generan una confusión jurídica en materia publicitaria. Una posible solución sería que las autoridades administrativas junto con la industria trabajasen conjuntamente para clarificar los términos de esta disciplina y generar una seguridad jurídica en esta materia tal y como se está haciendo en la publicidad digital.

El artículo tiene como propósito realizar una revisión conceptual del término de la comunicación persuasiva desde una perspectiva interdisciplinar abordada desde la comunicación y el derecho. El objetivo es evidenciar que las normas jurídicas en el ámbito publicitario se valen de términos poco exactos que en ocasiones no se ajustan a la realidad. La metodología que se llevó a cabo fue un análisis exploratorio revisando la literatura relativa a la publicidad desde la comunicación y el derecho e identificando las normas de ámbito europeo y nacionales relativas a la publicidad. Se concluye que existe un legalismo desbocado en el que la ley utiliza indistintamente términos como la publicidad, información, propaganda y fuerza de venta que generan una confusión jurídica en materia publicitaria. Una posible solución sería que las autoridades administrativas junto con la industria trabajasen conjuntamente para clarificar los términos de esta disciplina y generar una seguridad jurídica en esta materia tal y como se está haciendo en la publicidad digital.

El artículo tiene como propósito realizar una revisión conceptual del término de la comunicación persuasiva desde una perspectiva interdisciplinar abordada desde la comunicación y el derecho. El objetivo es evidenciar que las normas jurídicas en el ámbito publicitario se valen de términos poco exactos que en ocasiones no se ajustan a la realidad. La metodología que se llevó a cabo fue un análisis exploratorio revisando la literatura relativa a la publicidad desde la comunicación y el derecho e identificando las normas de ámbito europeo y nacionales relativas a la publicidad. Se concluye que existe un legalismo desbocado en el que la ley utiliza indistintamente términos como la publicidad, información, propaganda y fuerza de venta que generan una confusión jurídica en materia publicitaria. Una posible solución sería que las autoridades administrativas junto con la industria trabajasen conjuntamente para clarificar los términos de esta disciplina y generar una seguridad jurídica en esta materia tal y como se está haciendo en la publicidad digital.

La Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, relativa a la declaración de nulidad de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios por falta de transparencia es inconstitucional por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Este artículo expone los argumentos que justifican este reproche

With the present writing, it is searched to make a complete analysis on the legality of the contract of mutual to finance home and the maximum interests to charge in this type of credits, according to the new legislation of home (546 of 1999) and the problematic presented according to paragraph 30 of article 42, that from the juridical point of view generated interpretations opposed in the different juridical stages that lead to a juridical insecurity for the mortgage debtors and creditors. In the same fashion a complete analysis is made on the unification sentence SU-813 of 2007 emitted by the constitutional court, that resolves the problematic previously described, in favor of the defense of constitutional rights of debtors , but, that without a doubt leaves without legal protection the financial creditors and the good willing third parties., Con el presente escrito, se busca hacer una análisis completo sobre la legalidad del contrato de mutuo para financiar vivienda y los intereses máximos a cobrar en esta clase de créditos, de conformidad con la nueva legislación de vivienda (546 de 1999) y las problemáticas presentadas respecto del parágrafo 3o del artículo 42, que desde el punto de vista jurídico generaron interpretaciones contrapuestas en los diferentes estrados judiciales que conllevaron a una inseguridad jurídica para los deudores y acreedores hipotecarios. Así mismo se efectúa un análisis completo sobre la Sentencia de Unificación SU-813 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, que resuelve la problemática anteriormente descrita, en pro de la defensa de los derechos constitucionales de los deudores, pero, que sin duda alguna deja sin protección legal a los acreedores financieros y a los terceros de buena fe.

The purpose of this article is to analyze the intensity of the constitutionalization in Colombian administrative law, especially in discretionary administrative acts, that command the retirement of members of the Military Forces, Police, Administrative Department of Security (DAS) and Penitentiary National Institute of Colombia (INPEC). In order to achieve said purpose, the author compares through dynamic and static analysis of case law- the readings made by the Council of State and the Constitutional Court, and concludes that the position of the latter is the most legally convenient and the most efficient when it comes to the administration of public resources, therefore, it must be accepted by the Council of State. The convenience analysis uses as reference points 1) some constitutional principles; 2) the Constitutional State; 3) the national and foreign administrative doctrine; and 4) some Inter-American Court of Human Rights rulings., El objetivo del presente artículo es analizar la intensidad de la constitucionalización del Derecho administrativo en Colombia, especialmente de los actos administrativos discrecionales que ordenan el retiro de miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec). Para lograr lo anterior a través del análisis estático y dinámico de jurisprudencia se comparan las dos lecturas contrapuestas que han sido elaboradas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y se sostiene que la postura del Tribunal Constitucional es más conveniente en términos jurídicos y de eficiencia en la administración de los recursos públicos y, por esa razón, debe ser aceptada por el Consejo de Estado. El análisis de la conveniencia toma como puntos de referencia 1) algunos principios constitucionales; 2) el Estado Constitucional; 3) la doctrina administrativista nacional y extranjera; y 4) algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular

This article works with the themes of judicial security and the tutela action against decisions. It seeks to demonstrate two things: the first is that judicial insecurity that seems to occur in Colombia does not have its origins in the decisions emanating from the tutela deciding judges, but in the irregular normative practices of the Congress and the Presidency of the Republic. The second is to examine decisions issued by local judges, from the point of view of the practices of the Inter-American System for the Protection of Human Rights, of which Colombia forms a part and to which, as a result, conforms itself to the American Convention on Human Rights., Este escrito trabaja los temas de la seguridad jurídica y la tutela contra sentencias. Pretende mostrar dos cosas: en primer lugar, que el Estado de inseguridad jurídica que padece Colombia no tiene origen en las sentencias que profieren los jueces de tutela, sino en las prácticas normativas irregulares del Congreso y de la Presidencia de la República. En segundo lugar evidencia, desde las prácticas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del que Colombia forma parte y, que resulta conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el examen judicial de las sentencias proferidas por los jueces locales.

La actual tensión que se presenta entre la protección del Medio Ambiente y la explotación de recursos naturales por parte de la industria extractiva ha generado un grado alto de inseguridad jurídica frente a las inversiones realizadas. A pesar que deben protegerse los recursos; la falta de coordinación entre las entidades estatales ?entre otras dificultades- ha generado una superposición entre las áreas de explotación de algunos títulos mineros con la posterior delimitación de zonas de páramo, abriéndose la posibilidad de demandar al Estado por la imposibilidad de ejercer los derechos envueltos en los mismos.

Este análisis crítico busca evidenciar la situación de inseguridad jurídica que sufren los listados receptores inversión extraniera al celebrar Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de la Inversión Extranjera q contienen una cláusula que prohíbe la expropiación indirecta, con un enfoque en Colombia como país modL para dicho estudio. El problema recae en la falla de determinación sobre cuándo una acción gubernamental es legitima y cuándo es ilegal, lo que implica que la potestad de definir si una medida regulatoria constituye um expropiación indirecta recaiga en los Tribunales Arbitrales Internacionales, escenario que conduce a la inminente responsabilidad de los Estados bajo el Derecho Internacional de las Inversiones.

En este trabajo de grado abordaremos el análisis económico de la interpretación del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 a partir de la Sentencia de Unificación del 2018 proferida por el Consejo de Estado y la Sentencia de Tutela del 15 de noviembre de 2019 del mismo órgano. Con base al carácter multidimensional de la libertad en el ordenamiento jurídico colombiano y el análisis económico del derecho se va a demostrar porqué, a nuestro juicio, la interpretación plasmada en la Sentencia de Unificación no propende por la eficiencia y el bienestar social y, por ende, no debería ser adoptada por los jueces de lo contencioso administrativo.

La implementación efectiva del proceso de formalización de la propiedad rural representa un desafío central para las políticas públicas que actualmente se diseñan e implementan para el desarrollo rural integral. La presente investigación se propone contribuir a la comprensión de las causas de los altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia haciendo una revisión histórica de la evolución del marco institucional y normativo en materia de administración de tierras. Así mismo, a partir de una revisión de fuentes bibliográficas y la realización de entrevistas a personas con amplia experiencia gubernamental en materia de administración de tierras en Colombia, se estudia la importancia de la formalidad en la tenencia para el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo rural. Finalmente, este documento sugiere modificaciones al arreglo institucional actual propendiendo por una mayor eficiencia administrativa, con base en los insumos obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos.

Partiendo de la infracción marcaria y haciendo un recorrido a través del daño y la responsabilidad civil, se estudia como la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, ha interpretado el daño en materia de propiedad industrial a través del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000. En este punto, se realiza un análisis de la jurisprudencia emitida por esta entidad, donde con el paso de los años, esta, ha cambiado constantemente de postura al momento de definir como manejar el daño y su prueba en estos bienes intangibles. generando cierta inseguridad jurídica en los destinatarios de esta clase de acciones procesales.