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Este trabajo de investigación, busca establecer que a pesar de que el elemento culpabilidad es un límite al ius punendi en el ordenamiento jurídico colombiano, existen estados alterados de conciencia, que disminuyen la capacidad de culpabilidad o la imputabilidad del individuo y las mismas están en una laguna normativa, ésta situación no es completamente ajena a nuestro marco legal, ya que existe el estado de ira e intenso dolor, y dicho estado es un atenuante de la responsabilidad penal, éste no es más que uno de esos estados de culpabilidad disminuida donde se ve afectada la capacidad de entendimiento del individuo y le genera una atenuación de la conducta cometida. Por lo tanto, si se analiza el origen dogmático de esta atenuante, nos encontraremos con que tiene su génesis en el reconocimiento de la nivelación de las emociones o el escalonamiento de las mismas, determinando que con el acompañamiento adecuado por parte de un perito, se puede determinar que si bien el sujeto no era inimputable, tampoco era imputable completamente., This research work, seeks to establish that despite the fact that the guilt element is a limit to the ius punendi in the Colombian legal system, there are altered states of consciousness, which decrease the capacity for guilt or the accountability of the individual and they are in a regulatory gap, this situation is not completely foreign to our legal framework, since there is a state of anger and intense pain, Therefore, if we analyze the dogmatic origin of this mitigating factor, we will find that it has its genesis in the recognition of the leveling of emotions or the staggering of them, determining that with the appropriate accompaniment by an expert, it can be determined that although the subject was not accountable, he was not fully attributable either.

La ignorancia deliberada es entendida como la actitud asumida por el autor de una conducta dolosa, que, a pesar de tener la posibilidad de adquirir el conocimiento de los elementos mínimos objetivos del tipo, no lo hace, por lo que se le imputa responsabilidad dolosa sin que concurra el elemento conocimiento, pues este es reemplazado por la figura de la ignorancia deliberada. Dicha figura tomó especial importancia en el ordenamiento jurídico español desde el año 2000 cuando el Tribunal Supremo comenzó a utilizarla en sus decisiones, acogiendo la figura del willful blindness proveniente del derecho angloamericano. La ignorancia deliberada es incompatible con el ordenamiento jurídico colombiano, dado que, el concepto legal del dolo exige el elemento conocimiento, el que no puede ser reemplazado, so pena de violentar el principio de legalidad y prohibición de analogía in malam partem., Deliberate ignorance is understood as the attitude assumed by the author of a malicious conduct, which, despite having the possibility of acquiring knowledge of the minimum objective elements of the type, it does not, for which it is imputed fraudulent liability without the element of knowledge, as this is replaced by the figure of deliberate ignorance. This figure took on special importance in the Spanish legal system since the year 2000 when the Supreme Court began to use it in its decisions, embracing the figure of willful blindness from Anglo-American law. Deliberate ignorance is incompatible with the Colombian legal system, since, the legal concept of fraud requires the element of knowledge, which can´t be replaced, under penalty of violating the principle of legality and prohibition of analogy in malam partem.

La presente investigación gira en torno a la pregunta por el fundamento político criminal que motivó la expedición de la Ley 1786 de 2016, que modifica algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015, con relación a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Su pretensión es dar cuenta del curso transitorio de la Ley 1760 de 2015 a la 1786 de 2016 en Colombia, describiendo y analizando las razones, los agentes y las instituciones que motivaron el cambio, procurando, posteriormente, identificar y analizar los razonamientos político criminales detrás de dicha transitividad normativa y estimar si los mismos acogieron o no los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

La presente investigación gira en torno a la pregunta por el fundamento político criminal que motivó la expedición de la Ley 1786 de 2016, que modifica algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015, con relación a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Su pretensión es dar cuenta del curso transitorio de la Ley 1760 de 2015 a la 1786 de 2016 en Colombia, describiendo y analizando las razones, los agentes y las instituciones que motivaron el cambio, procurando, posteriormente, identificar y analizar los razonamientos político criminales detrás de dicha transitividad normativa y estimar si los mismos acogieron o no los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

En la actualidad se asiste a lo que algunos han denominado “expansión del derecho penal”1, esto es, a la ampliación del campo de acción penal a ámbitos de lo social que, anteriormente, eran confiados a las buenas costumbres, a la moral, o en el peor de los casos, a normas extrapenales y por tanto ajenas a sanciones punitivas. La globalización de los mercados, la interconexión de las sociedades del mundo, la inmediatez de las transacciones electrónicas, la concentración de información en bases de datos, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, entre otros, han creado un terreno abonado para abanderar un derecho penal que se presume omnipotente para justificar su intervención en todos los ámbitos sociales. En Colombia, por ejemplo, en el año 2000 se expidieron las leyes 599 y 600, código penal y de procedimiento penal, respectivamente. No obstante, con posterioridad a las mismas, han abundado leyes que crean nuevos delitos o endurecen sus penas, modifican procedimientos judiciales en aras de la eficacia del sistema2. Es decir, después de la promulgación del actual código penal (ley 599 de 2.000) ocurrida el 24 de julio del año 2.000 (que entrare en vigencia un año después) y hasta el cierre de la última legislatura del año 2018 se habían emitido cerca de setenta leyes que en diferentes direcciones regulan el ejercicio del ius puniendi.

La corresponsabilidad penal constituye una noción del delito que trasciende la responsabilidad penal del individuo, extendiendo el ámbito de reproche al accionar conjunto de la sociedad y el Estado, a la vez que reduce o excluye la responsabilidad del sujeto. El reconocimiento de esta responsabilidad compartida se encuentra de forma implícita en las circunstancias de atenuación punitiva consagradas en el artículo 56 del Código Penal colombiano, cuyo denominador común subyace en el fenómeno de la marginalidad. Esta situación personal del individuo determinará el grado de reproche sobre la conducta desvalorada, ya sea porque se le atenúe o exima de responsabilidad penal, lo cual dependerá del análisis sobre las circunstancias del sujeto en relación con su entorno, es decir, su ámbito de autodeterminación, su vulnerabilidad para ser seleccionado por el sistema penal, y la legitimidad del Estado para exigir una conducta alternativa en un caso concreto., Criminal responsibility is a notion of crime that transcends the individual, extending the scope of reproach to the joint action of society and the State, while reducing or excluding the responsibility of the subject. The recognition of this shared responsibility is implicit in the circumstances of punitive attenuation enshrined in Article 56 of the Colombian Penal Code, whose common denominator lies in the phenomenon of marginality. This personal situation of the individual will determine the reproach to the devalued conduct, either because it is mitigated or exempted from criminal responsibility, which will depend on the concrete analysis of the circumstances of the individual in relation to his environment, that is, his scope of self-determination, their vulerability to be selected by the penal system, and the legitimacy of the State to demand a certain behavior in a specific case.

Conferencia impartida en el XVIII Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal

La presente monografía tiene como finalidad delimitar y analizar el contenido del principio de culpabilidad como norma rectora del sistema penal colombiano, la cual por esta característica es una de las normas que constituye la esencia y orientación del sistema penal, y prevalece sobre las demás normas de este sistema e informa su interpretación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal -- Para lo anterior, se inicia por un estudio de los fines que legitiman la existencia del Derecho Penal, de los cuales se deriva la protección de la dignidad humana, para de manera posterior analizar el contenido de la misma en el sistema constitucional colombiano, a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la doctrina nacional al respecto de la dignidad humana -- Cubierto este análisis, la tercera parte de este trabajo pretende analizar el contenido de lo que se ha denominado como el principio de culpabilidad en sentido amplio, a la luz de las dimensiones de la dignidad humana en el sistema constitucional colombiano -- Luego de lo cual se analiza la función de la culpabilidad en el sistema de responsabilidad penal, específicamente planteando algunas consecuencias interpretativas que pueden derivarse para algunas normas del sistema penal a partir del contenido dado al principio de culpabilidad en sentido estricto, partiendo de su papel como norma rectora del mismo y dejando abierta la puerta para hacer de esta norma una verdadera guía para la interpretación y orientación del sistema penal colombiano, The present monograph pretends to determine and analyze the content of the principle of liability as a guiding rule of the Colombian criminal law system, which for this reason is one of the rules that constitutes the essence and guidance of this system, prevails and governs the interpretation of the criminal law system, in accordance with the provision of the article 13 of the Colombian criminal code -- For the above mentioned, the first step is to analyze the purposes that legitimize the existence in general of the criminal law, from which is derived the human dignity, and subsequently analyze the content of this principle in the Colombian constitutional system, based on the decisions of the Constitutional Court and the studies of the national doctrine in regards of the dimensions of human dignity -- Once this analysis is covered, the third chapter of this monograph pretends to study the content of which has been denominated as the broad principle of liability in accordance with the dimensions of the human dignity -- After this, there is an analysis about the function of the principle of liability in the system of criminal responsibility -- Lastly, there is a brief approach to some possible interpretative consequences of the Colombian criminal law system derived from the principle of liability in strict sense, based on its role as a guidance rule and leaving open the possibility to make of this rule a true guidance norm of the criminal law system

El desarrollo que los derechos de las víctimas en el proceso penal Colombiano han tenido hasta la actualidad; más allá de la posición otorgada por el legislador; proviene de la jurisprudencia constitucional, cuyo punto de partida inicia antes de la implementación del actual sistema penal acusatorio, en un fallo relacionado con la jurisdicción penal militar y paulatinamente se han extendido a todo el proceso penal de la justicia ordinaria; donde la corte en aplicación del artículo 93 constitucional ha hecho uso del concepto de bloque de constitucionalidad para invocar instrumentos internacionales de protección de los derechos de las víctimas que, en armonía con otros preceptos de la constitución ha buscado garantizar, en las formas del proceso; generando un cambio radical tanto en los derechos fundamentales que tradicionalmente el derecho penal liberal había otorgado al procesado, como en la actual estructura del sistema acusatorio de características especiales y propias concebidas en la constitución y la ley, Victim’s right development under Colombian criminal processes to date, goes beyond the position granted by the legislator; it comes from constitutional case law with a starting point before the implementation of the current accusatory criminal system in a sentence related to military criminal jurisdiction, that gradually has reached the common justice criminal process, where the court, applying Article 93 of the Constitution, has used the constitutionality-block concept to invoke victim’s rights protection international instruments that, in harmony with other constitutional precepts has sought to guarantee the process form yielding a radical change both in fundamental rights that liberal criminal law had granted to the defendant, and in the current structure of the accusatory system with special features conceived under the Constitution and the Law

La doctrina penal ha debatido en los últimos años sobre la responsabilidad penal del directivo de una empresa, por los hechos ordenados por él y ejecutados por sus subordinados -- Las soluciones propuestas, que recorren todas las posibles formas de imputación de responsabilidad penal, no siempre son dogmáticamente satisfactorias para un ordenamiento jurídico determinado -- En este escrito se analizan todas ellas: autoría mediata, coautoría, inducción y autoría accesoria, During the last years, criminal theorists have discussed on the liability of the members of the board of directors of a company, by the offences they orderd and that were commited by subordinates -- The proposed answers, that cross all the possible forms of attribution, are not always dogmatically satisfactory in a determined set of laws -- In this paper, they all are analyzed: mediate responsibility, coresponsibility, induction and accessory responsibility

The purpose of this text is to analyze the limits to criminal intervention arising from the constitutional content of human dignity, understood as the inviolability of the physical and moral integrity of the individual, but not before specifying, in a very brief manner, the function of the principle of respect for human dignity in criminal law in general, and the way in which different powers that characterize this principle according to its elaboration by the Constitutional Court are configured as limits to the criminal power of the State. To this end, an analysis of the jurisprudence of the Constitutional Court is carried out using tools of constitutional and criminal dogma. The paper proposes that, in spite of the jurisprudential diaspora and the complexity of the concept of human dignity, it is possible to derive a content from it that serves as a limitation of criminal law within the framework of the Rule of Law., O presente texto se propõe a analisar os limites da intervenção penal derivados do conteúdo constitucional da dignidade humana, entendida como intangibilidade de integridade física e moral do indivíduo, não sem antes determinar, de forma muito breve, a função do princípio de respeito à dignidade humana no direito penal, em geral, e a maneira como as diferentes atribuições que caracterizam esse princípio de acordo com sua elaboração por parte da Corte Constitucional se configuram como limites ao poder penal do Estado. Para isso, realiza-se uma análise da jurisprudência da Corte Constitucional usando ferramentas da dogmática constitucional e penal. O artigo propõe que, apesar da diáspora jurisprudencial e da complexidade do conceito de “dignidade humana”, é possível derivar um conteúdo deste que sirva como limitação do direito penal no âmbito do Estado de direito., El presente texto se propone analizar los límites a la intervención penal derivados del contenido constitucional de la dignidad humana, entendida como intangibilidad de integridad física y moral del individuo, no sin antes precisar, de forma muy breve, la función del principio de respeto a la dignidad humana en el derecho penal, en general, y la manera como las diferentes atribuciones que caracterizan este principio según su elaboración por parte de la Corte Constitucional se configuran como límites al poder penal del Estado. Para ello, se realiza un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional usando herramientas de la dogmática constitucional y penal. El artículo propone que, a pesar de la diáspora jurisprudencial y la complejidad del concepto dignidad humana, es posiblederivar un contenido del mismo que sirva como limitación del derecho penal en el marco del Estado de derecho.

El presente texto se ocupa de analizar la forma en que opera el principio de integración en el derecho penal, ofreciendo una interpretación sobre las relaciones entre los derechos humanos y el derecho penal, y enfatizando las tensiones que se presentan entre las ideologías de expansión del poder punitivo del Estado y la perspectiva garantista; así mismo, analiza el principio de integración de los tratados internacionales en el texto constitucional colombiano a partir del concepto de bloque de constitucionalidad

The article 8 of colombian Penal Code establishes the prohibition of double jeopardy as a concretion in criminal matters of the fundamental right to non bis in idem esatblished in article 29 of the Political Constitution. According to the latter, all those sanctions in which there is identity in the subjects, the facts and the foundation are forbidden. However, it seems that there is no clarity regarding the basis of this prohibition or the meaning of the indentities enunciated. As a result, it is not clear the way the rule operates in diverse scenarios, such as the concurrence of sanctions from different sectors of the law, the repeated sanction of the same element of criminal conduct, and the exception regarding international law. Faced with this panorama, an analysis of each one of the mentioned problems is presented, and a series of interpretative proposals in order to clarify them, El art. 8 del C.P. consagra la Prohibición de doble incriminación, como una concreción en materia penal del derecho fundamental al non bis in ídem consagrado en el art. 29 de la Constitución Política. De conformidad con la misma, se  encuentran proscritas todas aquellas sanciones en las que existe identidad en los sujetos, los hechos y el fundamento. Sin embargo, parece no haber claridad en cuanto a la fundamentación de dicha prohibición ni el significado de las formas de identidad enunciadas. Como consecuencia de ello, tampoco resulta clara la forma de operar de la norma en diversos escenarios, como la concurrencia de sanciones provenientes de distintos sectores del ordenamiento, la sanción reiterada del mismo elemento de una conducta delictiva, ni la excepción en materia de derecho internacional que se consagra en el texto de la misma. Ante este panorama, se presenta un análisis de cada una de las problemáticas enunciadas, y una serie de propuestas interpretativas con el fin de esclarecerlas&nbsp

This paper analyses how the principle of integration works in criminal law, offering an interpretation of the relationships between human rights and criminal law, showing the tensions among the State criminal law expansionist ideologies and a right-based perspective. Furthermore, it analyses the principle of integration of international treaties in the Colombian Constitutional text and its relation with the concept of Constitutional Block., El presente texto se ocupa de analizar la forma en que opera el principio de integración en el derecho penal, ofreciendo una interpretación sobre las relaciones entre los derechos humanos y el derecho penal, y enfatizando las tensiones que se presentan entre las ideologías de expansión del poder punitivo del Estado y la perspectiva garantista; así mismo, analiza el principio de integración de los tratados internacionales en el texto constitucional colombiano a partir del concepto de bloque de constitucionalidad., O presente texto ocupa-se de analisar a forma em que opera o princípio de integração no direito penal, oferecendo uma interpretação sobre as relações entre os direitos humanos e o direito penal, e enfatizando as tensões que se apresentam entre as ideologias de expansão do poder punitivo do Estado e a perspectiva garantista; assim mesmo, analisa o princípio de integração dos tratados internacionais no texto constitucional colombiano a partir do conceito de bloque de constitucionalidade.

The article 8 of colombian Penal Code establishes the prohibition of double jeopardy as a concretion in criminal matters of the fundamental right to non bis in idem esatblished in article 29 of the Political Constitution. According to the latter, all thos, El art. 8 del C.P. consagra la Prohibición de doble incriminación, como una concreción en materia penal del derecho fundamental al non bis in ídem consagrado en el art. 29 de la Constitución Política. De conformidad con la misma, se encuentran proscritas

Conferencia impartida en el IV Congreso Nacional Penitenciario Legionense

The article 8 of colombian Penal Code establishes the prohibition of double jeopardy as a concretion in criminal matters of the fundamental right to non bis in idem esatblished in article 29 of the Political Constitution. According to the latter, all those sanctions in which there is identity in the subjects, the facts and the foundation are forbidden. However, it seems that there is no clarity regarding the basis of this prohibition or the meaning of the indentities enunciated. As a result, it is not clear the way the rule operates in diverse scenarios, such as the concurrence of sanctions from different sectors of the law, the repeated sanction of the same element of criminal conduct, and the exception regarding international law. Faced with this panorama, an analysis of each one of the mentioned problems is presented, and a series of interpretative proposals in order to clarify them., El art. 8 del C.P. consagra la Prohibición de doble incriminación, como una concreción en materia penal del derecho fundamental al non bis in ídem consagrado en el art. 29 de la Constitución Política. De conformidad con la misma, se encuentran proscritas todas aquellas sanciones en las que existe identidad en los sujetos, los hechos y el fundamento. Sin embargo, parece no haber claridad en cuanto a la fundamentación de dicha prohibición ni el significado de las formas de identidad enunciadas. Como consecuencia de ello, tampoco resulta clara la forma de operar de la norma en diversos escenarios, como la concurrencia de sanciones provenientes de distintos sectores del ordenamiento, la sanción reiterada del mismo elemento de una conducta delictiva, ni la excepción en materia de derecho internacional que se consagra en el texto de la misma. Ante este panorama, se presenta un análisis de cada una de las problemáticas enunciadas, y una serie de propuestas interpretativas con el fin de esclarecerlas.

This paper addresses the concept of human dignity on the Colombian legal system and the problems of this concept for the construction of a right-based system. In this order, the paper analyzes the pressure that human rights discourse has putted on the modern criminal systems, connected to an exclusive view of human dignity, which has helped the expansion of the power of the State to punish and leaded to legitimate a harsher criminal law. Starting from jurisprudence, fundamental rights theory and by human dignity as limit for the power of the State to punish, the paper studies the content of the 1st Article from the Colombian penal code, particularly analyzing the specific guarantees that could be derived from the different aspects of human dignity: as perimeter of human behavior, as equality mandate, as autonomy in the life project design and, finally, as protection of intangible goods such as physical and moral well-being. The limits for the criminal law derived from the guarantees built from human dignity are part from the 1st Article of Colombian penal code and are ties that works on the creation of criminal laws and on the sentencing process., Resumen El presente artículo plantea la conceptualization de la dignidad humana en el sistema jurídico colombiano y los problemas que dicho concepto presenta para la construcción de un sistema penal garantista. Para ello se analiza la fuerte presión que se ha venido ejerciendo por la doctrina de los derechos humanos sobre los sistemas penales modernos, ligada a una concepción excluyente de la dignidad humana que ha servido como herramienta de expansión del poder punitivo y que ha conducido a la legitimación de un derecho penal cada vez más violento. A partir de una concepción de los derechos fundamentales y la dignidad humana como límites al poder punitivo estatal, se desarrolla, a partir de la jurisprudencia constitucional, el contenido del artículo 1 del Código penal colombiano; en particular, se analizan las garantías específicas derivadas de la dignidad humana entendida en su diversos sentidos: como reconocimiento de las limitaciones del actuar humano, como exigencia de igualdad, como autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera) y, finalmente, los derivados de la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). Los límites que tales garantías suponen en materia penal constituyen el contenido específico de la norma rectora del artículo 1 del Código penal, al cual se encuentra vinculado tanto el legislador al momento de crear las normas penales como el juez al momento de aplicarlas.

Consideraciones sobre el fundamento de las medidas de seguridad en el derecho penal colombiano

En la doctrina jurídico penal no existe un uso unívoco de la expresión “principio de culpabilidad”, por lo que en este trabajo se busca indagar por el sentido de esta garantía -- Para lograrlo, se explica cómo la evolución de la categoría dogmática de la culpabilidad desde la teoría psicológica a las teorías normativas ha propiciado dicha ambigüedad y se propone una clasificación convencional para introducir una mayor claridad -- A continuación, se estudia el debate entre las concepciones utilitarias de la culpabilidad y las tradicionales teorías del merecimiento de pena, pasando antes por la discusión en torno al libre albedrío -- Dicha exposición busca establecer en qué medida tales criterios satisfacen o no las exigencias que las normas constitucionales y legales imponen a la culpabilidad -- Por último, desde el criterio de justicia que ofrece la fórmula de la exigibilidad, se lleva a cabo una explicación de los diversos elementos de la categoría de la culpabilidad y se estudia la posibilidad de admitir supuestos supralegales de no exigibilidad de otra conducta

In this paper, the authors address an analysis of the current state of criminal law, based on an analysis of the discourses that support the expansion of the punitive power of the State, contrasting them with the view of those who advocate for the restric, En el artículo, los autores abordan un análisis sobre el estado actual del derecho penal, partiendo de un análisis de los discursos que fundamentan la expansión del poder punitivo del Estado, contraponiéndolos con los que abogan por la restricción del mis

The first section of this article presents an overview on the problems discussed by Colombian legal scholars in relation to the crime of involuntary manslaughter aggravated by inebriation or the influence of substances that produce physical or psychologic, La primera parte del artículo presenta un panorama general sobre los problemas discutidos en la doctrina nacional colombiana en relación con el homicidio agravado por la embriaguez o por el influjo de sustancias que producen dependencia física o psíquica

El análisis dogmático y político criminal que se propone del delito de daño en los recursos naturales (artículo 331 del Código Penal Colombiano), pretende desentrañar las razones tras el auge de criminalización de esta infracción ambiental y delimitar correlativamente las circunstancias de aplicación del tipo en contextos donde la intervención penal sea legítima, excluyendo por su parte aquellas situaciones que vulneran las garantías básicas del imputado

Partiendo de las particularidades de la realidad social y política colombiana, se presentan algunas cifras sobre la criminalidad en el país. Se pone de presente cómo la situación de conflicto interno que se vive se manifiesta en un grave déficit de investigación penal del Estado, que este ha pretendido ocultar tras las diferentes reformas al sistema de justicia penal. A partir de esta realidad, se hace un detallado análisis de la legislación penal producida en Colombia entre los años 2000-2006, atendiendo a su orientación político criminal y sus rasgos ideológicos., In view of the particularities of the social and political reality in Colombian, there are presented in the text some facts, statistics or records of the criminality in the country. It is underlined how the situation of internal conflict its manifest in a serious deficit of State criminal investigation, which this last one has tried to conceal with the different reforms of the criminal justice system. Taking into consideration this reality, there is done a detailed analysis of the criminal legislation produced in Colombia between the years 2000-2006, attending to its criminal policy orientation, and its ideological features.

Sin duda alguna, el estudio de la criminalidad económica ha traído consigo nuevos retos para la doctrina jurídico penal actual. En torno a ésta se han iniciado importantes discusiones, incluso su caracterización ha resultado conflictiva. La dificultad del análisis de los delitos económicos radica, primordialmente, en la insuficiencia de las categorías dogmáticas tradicionales para explicar algunos de los fenómenos a los que estos delitos dan lugar., 45 p., Contenido parcial: Reconocimiento de la categoría de las condiciones objetivas de punibilidad -- Marco teórico de la discusión -- Los límites cuantitativos en el código penal colombiano.

1 CD-ROM, La elaboración teórica del derecho penal colombiano debe tomar como uno de sus puntos de partida las normas rectoras de la ley penal, pues son estas las que deben informar la interpretación de todas las normas penales y deben prevalecer sobre las demás normas. El Código Penal colombiano1, en el capítulo único del libro primero sobre la parte general del derecho penal, consagra las normas rectoras de la ley penal colombiana. El mencionado título, compuesto por trece artículos, consagra los principios político-criminales que sirven de orientación a cualquier interpretación de la ley penal y que deben ser fundamento y límite de la intervención punitiva del Estado. Los mismos deberán constituir un límite, en tanto que, siendo el derecho penal el arma más violenta utilizada por el Estado, las garantías penales deberán ser el escudo dado a los ciudadanos para garantizar la intangibilidad de su esfera de libertad. Sin embargo ello no siempre se da en la forma expuesta, por el contrario, no son pocos los embates que intentan revocar o flexibilizar las garantías contenidas en las normas rectoras; por esto, resulta ineludible un estudio particularizado de las mismas, que dé cuenta de los contenidos de estas y las razones por las cuales su revocatoria o flexibilización resulta insostenible en un modelo de Estado como el asumido en Colombia ..., 1. Introducción -- 2. Reflexiones sobre el carácter rector del artículo 10 del Código Penal colombiano -- 3. Contenido del artículo 10 del Código Penal colombiano -- 3.1. Sobre el mandato de determinación de los tipos penales -- 3.2. Sobre los elementos básicos estructurales del tipo penal -- 4. Tendencias político criminales sobre el principio de tipicidad: expansión del derecho penal y pérdida de contenido de las garantías penales -- 4.1. La pérdida de contenido de las garantías penales: una caracterización general -- 4.2. La pérdida de contenido de las garantías penales: el principio de tipicidad -- 5. El principio de tipicidad: límite infranqueable al poder punitivo -- 5.1. El principio de tipicidad como presupuesto de la legitimidad del sistema y de sus posibilidades de prevención -- 5.2. El principio de tipicidad frente a escenarios problemáticos: la constante batalla por la verificación del cumplimiento del artículo 10 del Código Penal colombiano -- 6. El principio de tipicidad y el poder jurisdiccional -- Bibliografía

La figura de la coautoría impropia ha sido utilizada de manera reiterada por la jurisprudencia colombiana, en particular por Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, como mecanismo para solucionar aquellos casos en los cuales intervienen varias personas en la realización de un delito. Sin embargo, a pesar de ser ésta una figura bastante utilizada por la jurisprudencia en nuestro país, presenta un problema esencial y es la poca claridad que se tiene en relación con los elementos que la configuran. Así las cosas, debido al frecuente uso de esta figura, a la ambivalencia de criterios existentes y al ser un tema de dogmática penal que a la vez tiene injerencia en el ámbito de la política criminal, se hace necesario un estudio más profundo de la misma., 41 P., Contenido parcial: Capítulo I. La figura de la coautoría impropia en la jurisprudencia colombiana -- Capítulo II. Análisis crítico de la denominada coautoría impropia.

Bajo el ambicioso, y tal vez equívoco, nombre de “Historia del hurto famélico en Colombia”, se pretenden revisar algunas fuentes informativas de nuestro Derecho. Es decir, se pretenden revisar algunos Códigos que efectivamente entraron en vigencia, otros que no lo hicieron y quedaron –podría decirse- a medio camino, algunos comentarios doctrinales, los trabajos preparatorios a los Códigos que rigieron y que no alcanzaron a regir, y hacer sobre esa información algunas reflexiones que no necesariamente están desprovistas de valoración., 45 p., Proyecto de Grado. Derecho, Dogmatica penal, Derecho penal colombiano, Hurto - Legislación, Delitos contra la propiedad, Estado de necesidad, Responsabilidad penal.

La Constitución Política de Colombia está dotada de un amplio catálogo de derechos fundamentales, judicialmente garantizados, vinculantes para todos los poderes del estado, aún para el legislativo, expresados a través de normas jurídicas constitucionales que prevalecen sobre las demás del ordenamiento, modelo constitucional que determina la opción por un Derecho penal garantista, o de la mínima intervención, para cuya consolidación es fundamental el fortalecimiento del principio de legalidad, como límite o garantía frente al ejercicio del poder penal por parte del estado., 59 p., Contenido parcial: El debilitamiento del principio de legalidad penal -- El principio de legalidad penal en el contexto del estado constitucional de derecho -- La función de garantía del principio de legalidad penal -- Manifestaciones del principio de legalidad penal -- Las manifestaciones del principio de legalidad penal en las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana.

En la tradición de la dogmática penal germanista, el uso más convencional de la expresión estado de necesidad (EN) recae sobre aquel grupo de situaciones sociales en las que se presenta una conducta que termina siendo necesaria ante un peligro actual o inminente que amenaza derechos jurídicamente protegidos, de los que puede ser titular el agente que se beneficia a sí o a un tercero con el daño necesario de un bien jurídico ajeno, el cual puede ser de menor o de igual entidad que el salvaguardado con la acción necesaria., 63 p., Contenido parcial: Introducción -- Las teorías en torno a la posición sistemática del estado de necesidad en la dogmática internacional de corte germanista -- Las teorías monistas o unificadoras -- La tesis de la unificación en la antijuridicidad: el estado de necesidad como una causa de justificación -- La tesis de la unificación en la culpabilidad: el estado de necesidad como una causa de exculpación -- Las teorías diferenciadoras -- Tesis ortodoxa de la diferenciación: el estado de necesidad como causa de justificación y como causa de exculpación.

Con el advenimiento de la Constitución de 1991, el constituyente pretendió inscribir el sistema jurídico colombiano dentro de la órbita personalista, la que pugna por la protección del ser humano como el fin en si mismo del ordenamiento normativo y no como su instrumento de consolidación, lo que se aleja de los ideales totalitarios que en el pasado le hicieron tanto daño a la humanidad, pues el Estado, sin límites, absorbió a la sociedad a través de todas sus manifestaciones, principalmente, la punitiva; y, de paso, esa idea se acopla con la filosofía a la que incitan la gran mayoría de instrumentos internacionales., 43 p., Contenido parcial: El entendido constitucional y penal del bloque de constitucionalidad en la doctrina y jurisprudencia colombiana -- La internacionalización del derecho penal y la posición asumida por los órganos judiciales de cierre en Colombia frente a esa tendencia.

Nuestro estado social y constitucional, se fundamenta en el respeto, materialización y protección de los derechos y garantías propias de los ciudadanos, lo que ha implicado la búsqueda de límites al ejercicio del poder punitivo del Estado, el menor grado de lesividad de los derechos del ciudadano y la creación de principios orientados no solo a ser moduladores de la actuación judicial y administrativa, sino también a sentar las bases o pilares fundamentales del proceso penal., 34 p., Contenido parcial: Función de garantía del principio de favorabilidad -- Del principio de favorabilidad y su aplicación en la actualidad -- Principio de favorabilidad y su aplicación en los delitos de carácter permanente.