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El objetivo de este artículo es identificar y analizar las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional del Perú en reciente sentencia en un proceso de inconstitucionalidad, en el que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las normas legales que regulan los convenios celebrados entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú, con la finalidad que esta última brinde servicios de seguridad privada a los campamentos mineros. Luego hace una reflexión sobre la fuerza normativa de las sentencias, tanto para las autoridades públicas y privadas, como para el Tribunal Constitucional, en futuros casos. En conclusión, analiza las principales debilidades y fortalezas de esa decisión, desde la perspectiva de los derechos humanos. Igualmente, identifica a grandes rasgos sus implicaciones para las autoridades peruanas, así como para los estados en que tienen residencia las casas matrices de esas compañías extractivas, como Canadá. El apéndice del presente documento resume los nuevos requerimientos constitucionales generales y específicos, contenidos en la decisión del tribunal, con respecto a los contratos de la PNP con las compañías de extracción de recursos

Capítulos de libros sobre historia del Derecho y otros en la región de Puno.

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En la práctica judicial los jueces y fiscales actúan de manera que vulnera derechos fundamentales a la expresión del descontento y la disidencia –que son pilares de las sociedades democráticas–. Muchos operadores del derecho no pueden diferencias medidas de fuerza y protesta de lo que son actos de vandalismo y sabotaje, que solo buscan sembrar el caos y crear zozobra. No diferencian que las primeras han sido adoptadas por organizaciones sociales que protestan por afectación de sus derechos, con la finalidad de llamar la atención de la opinión pública y del gobierno, sobre casos de graves y sistemáticas violaciones a derechos fundamentales, y que, en las segundas, hay una evidente voluntad e intención de cometerse ilícitos penales, conductas delictivas que por cierto deben ser condenadas y sancionadas con la mayor severidad. Este artículo sistematiza los principios de Derecho que deben seguirse en estos casos.

The last proposal from the Ministry of Energy and Mines (MEM), about the exoneration from the Environmental Impact Study (EIS, onwards) the realization of the seismic activity in the stage of exploration of oil lots, has allowed us a better visualization to of the EIS’s role in the defense of the territories of indigenous peoples. Similarly, it allows us to evaluate carefully how the way the MEM understands and realizes EISs meets the mandatory standards established by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACH, onwards), the Convention No. 169 of the ILO and Peruvian Constitution. Then, given that the rules established in the jurisprudence of the IACH are mandatory, this article has three objectives: first, to generally review EISs treatment in the IACH’s jurisprudence; second, to identify the centrality of the livelihoods of indigenous peoples in the EISs about extractive activities; and, third, to establish the requirements set out by the IACH for the validity of EISs about extractive activities in indigenous peoples’ territories. The conclusion of these pages is that the way EISs are approved in Peru does not fit and is not compatible with the binding rules set out in the Inter-American Human Rights System., La última propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de estudio de impacto ambiental (EIA) la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros ha permitido visibilizar mejor el papel que juegan los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el Convenio N° 169 de la OIT y la Constitución peruana. Teniendo en cuenta que las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH son obligatorias, los objetivos de este artículo son tres. Primero, revisar de manera general el tratamiento que los EIA reciben en la jurisprudencia de esta; en segundo lugar, identificar la centralidad de la subsistencia de los pueblos indígenas en los EIA sobre actividades extractivas y; en tercer lugar, establecer los requisitos que la Corte IDH establece para la validez de los EIA sobre actividades extractivas en territorios de pueblos indígenas. La conclusión es que la forma como se aprueban los EIA en el Perú no se ajusta y no es compatible con las reglas vinculantes establecidas en el sistema interamericano de derechos humanos.

La finalidad de este artículo es analizar el fundamento constitucional de la justicia comunal, el cual ciertamente va más allá de la exégesis que podamos hacer del artículo 149 de la Constitución. Se trata de examinar la justicia comunal no solo en el artículo 1491 de la Carta Política, como usualmente se hace, sino en el conjunto de disposiciones constitucionales, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en normas internacionales de protección de los derechos humanos, todo ello con la finalidad de conocer los alcances y los límites constitucionales de la justicia comunal.

El objetivo del presente artículo es compartir un conjunto de preocupaciones y reflexiones, fundamentalmente de naturaleza jurídica, fruto del trabajo concreto de quien escribe en la Comisión de la Verda y Reconciliación, las cuales, ciertamente, son de exclusivida responsabilidad del autor.

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