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Diversas investigaciones han desarrollado el tema de la determinación de la pena, enfocándose en las decisiones optadas por los Jueces, resumiendo una serie de preocupaciones sobre falta de motivación y proporcionalidad en las sanciones. Pero ninguna de estas opto por evaluar el trabajo realizado por el Ministerio Publico en sus requerimientos de acusación, aun siendo aquellos que proponen una cuantía de la pena, y quienes debieran sustentarla. Por eso esta investigación se planteó como objetivos generales “1) Determinar si hay ausencia de argumentación jurídica sobre la determinación de la pena en los requerimientos de acusación emitidos por las Fiscalías Penales de Arequipa y 2) Establecer si esto genera efectos negativos en el sistema de justicia”. En esta investigación con enfoque cualitativo, se empleó un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo. Se evaluó cuarenta requerimientos de acusación expedidos por las Fiscalías Penales de Arequipa. A través de la técnica de observación documental apoyado por fichas documentales y fichas de Recolección de Datos, se consiguió la información necesaria sobre las variables investigadas. Al desarrollar el presente trabajo de investigación y revisadas las acusaciones, ha sido confirmada la hipótesis de investigación, “Existe ausencia de argumentación jurídica de la determinación de la pena en las Fiscalías Penales de Arequipa, lo cual genera efectos negativos en el sistema de justicia”. Un 75% de las acusaciones presentan como único sustento la carencia de antecedentes penales, un 15% de estas no emplean un procedimiento de determinación de la pena, y un 17.5% presentan errores graves en su formulación, como no individualizar la pena para cada imputado. Lo cual genera una vulneración al principio acusatorio y de contradicción. Palabras Clave: Determinación de la pena, Argumentación Jurídica, Fiscalías Penales, Principio Acusatorio, Principio de Contradicción.

Diversas investigaciones han desarrollado el tema de la determinación de la pena, enfocándose en las decisiones optadas por los Jueces, resumiendo una serie de preocupaciones sobre falta de motivación y proporcionalidad en las sanciones. Pero ninguna de estas opto por evaluar el trabajo realizado por el Ministerio Publico en sus requerimientos de acusación, aun siendo aquellos que proponen una cuantía de la pena, y quienes debieran sustentarla. Por eso esta investigación se planteó como objetivos generales “1) Determinar si hay ausencia de argumentación jurídica sobre la determinación de la pena en los requerimientos de acusación emitidos por las Fiscalías Penales de Arequipa y 2) Establecer si esto genera efectos negativos en el sistema de justicia”. En esta investigación con enfoque cualitativo, se empleó un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo. Se evaluó cuarenta requerimientos de acusación expedidos por las Fiscalías Penales de Arequipa. A través de la técnica de observación documental apoyado por fichas documentales y fichas de Recolección de Datos, se consiguió la información necesaria sobre las variables investigadas. Al desarrollar el presente trabajo de investigación y revisadas las acusaciones, ha sido confirmada la hipótesis de investigación, “Existe ausencia de argumentación jurídica de la determinación de la pena en las Fiscalías Penales de Arequipa, lo cual genera efectos negativos en el sistema de justicia”. Un 75% de las acusaciones presentan como único sustento la carencia de antecedentes penales, un 15% de estas no emplean un procedimiento de determinación de la pena, y un 17.5% presentan errores graves en su formulación, como no individualizar la pena para cada imputado. Lo cual genera una vulneración al principio acusatorio y de contradicción. Palabras Clave: Determinación de la pena, Argumentación Jurídica, Fiscalías Penales, Principio Acusatorio, Principio de Contradicción.

Diversas investigaciones han desarrollado el tema de la determinación de la pena, enfocándose en las decisiones optadas por los Jueces, resumiendo una serie de preocupaciones sobre falta de motivación y proporcionalidad en las sanciones. Pero ninguna de estas opto por evaluar el trabajo realizado por el Ministerio Publico en sus requerimientos de acusación, aun siendo aquellos que proponen una cuantía de la pena, y quienes debieran sustentarla. Por eso esta investigación se planteó como objetivos generales “1) Determinar si hay ausencia de argumentación jurídica sobre la determinación de la pena en los requerimientos de acusación emitidos por las Fiscalías Penales de Arequipa y 2) Establecer si esto genera efectos negativos en el sistema de justicia”. En esta investigación con enfoque cualitativo, se empleó un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo. Se evaluó cuarenta requerimientos de acusación expedidos por las Fiscalías Penales de Arequipa. A través de la técnica de observación documental apoyado por fichas documentales y fichas de Recolección de Datos, se consiguió la información necesaria sobre las variables investigadas. Al desarrollar el presente trabajo de investigación y revisadas las acusaciones, ha sido confirmada la hipótesis de investigación, “Existe ausencia de argumentación jurídica de la determinación de la pena en las Fiscalías Penales de Arequipa, lo cual genera efectos negativos en el sistema de justicia”. Un 75% de las acusaciones presentan como único sustento la carencia de antecedentes penales, un 15% de estas no emplean un procedimiento de determinación de la pena, y un 17.5% presentan errores graves en su formulación, como no individualizar la pena para cada imputado. Lo cual genera una vulneración al principio acusatorio y de contradicción. Palabras Clave: Determinación de la pena, Argumentación Jurídica, Fiscalías Penales, Principio Acusatorio, Principio de Contradicción.

El uso de mecanismos premiales para obtener información con la que desarticular bandas y grupos criminales se ha revelado como un instrumento especialmente eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. En todos los sistemas penales se han introducido (o se está en vías de introducir) elementos a través de los que canalizar acuerdos de colaboración o ciertos beneficios penales con los que incentivar que investigados conocedores de información relevante la aporten al proceso. Sin embargo, no todos ellos garantizan su compatibilidad con las garantías procesales de otros investigados que resultan incriminados a cambio de acuerdos o beneficios penales ni ofrecen información fiable. En particular, es necesario determinar el alcance de los acuerdos premiales que pueden adoptarse, las condiciones para su ejecución, las consecuencias de su incumplimiento, el modo en el que ha de obtenerse la información ofrecida por el delator y su eficacia procesal. Este trabajo se centra en este último aspecto, esto es, en los requisitos para la incorporación a la causa de la información ofrecida por el investigado colaborador y en su eficacia procesal para acordar decisiones que puedan afectar a la situación personal y procesal de otros investigados en la misma causa o en causas vinculadas a ella., The possibility to create in criminal process a Leniency Programme, makes necessary to determine the scope of this system to ensure that it’s suitable with the norms of due process. Particularly, it requires to determinate the extent of leniency agreements that can be taken, the conditions for its execution, the consequences of non compliance, how should be collected the information provided for the informer or whistleblower and its procedural efficiency. This paper focuses on the last topic, that is, on the requirements to include into criminal process the information provided for the informer and its efficiency to take a judicial interlocutory decision, specially the decisions which may effect the personal and procedural situation of person under investigation.

El uso de mecanismos premiales para obtener información con la que desarticular bandas y grupos criminales se ha revelado como un instrumento especialmente eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. En todos los sistemas penales se han introducido (o se está en vías de introducir) elementos a través de los que canalizar acuerdos de colaboración o ciertos beneficios penales con los que incentivar que investigados conocedores de información relevante la aporten al proceso. Sin embargo, no todos ellos garantizan su compatibilidad con las garantías procesales de otros investigados que resultan incriminados a cambio de acuerdos o beneficios penales ni ofrecen información fiable. En particular, es necesario determinar el alcance de los acuerdos premiales que pueden adoptarse, las condiciones para su ejecución, las consecuencias de su incumplimiento, el modo en el que ha de obtenerse la información ofrecida por el delator y su eficacia procesal. Este trabajo se centra en este último aspecto, esto es, en los requisitos para la incorporación a la causa de la información ofrecida por el investigado colaborador y en su eficacia procesal para acordar decisiones que puedan afectar a la situación personal y procesal de otros investigados en la misma causa o en causas vinculadas a ella., The possibility to create in criminal process a Leniency Programme, makes necessary to determine the scope of this system to ensure that it’s suitable with the norms of due process. Particularly, it requires to determinate the extent of leniency agreements that can be taken, the conditions for its execution, the consequences of non compliance, how should be collected the information provided for the informer or whistleblower and its procedural efficiency. This paper focuses on the last topic, that is, on the requirements to include into criminal process the information provided for the informer and its efficiency to take a judicial interlocutory decision, specially the decisions which may effect the personal and procedural situation of person under investigation.

En este trabajo de grado, se presenta una línea jurisprudencial elaborada con el fin de examinar, determinar y concluir, acerca del manejo que le ha estado dando la Corte Suprema de Justicia, al tema de la prueba de referencia y su relación con los principios procesales de oralidad, inmediación y confrontación -- Por medio del análisis de algunas providencias de esta corporación, nos permitimos establecer la forma en la que esta Corte, logra ponderar la admisibilidad de la prueba de referencia y los principios procesales ya mencionados

La posibilidad de introducir en el proceso penal un sistema articulado de delación premiada más allá de las atenuantes de colaboración que de forma aislada prevén algunos preceptos del Código Penal, requiere determinar el modo en el que ha de configurarse tal sistema para garantizar su compatibilidad con las garantías procesales. En particular, es necesario determinar el alcance de los acuerdos premiales que puedan adoptarse, las condiciones para su ejecución, las consecuencias de su incumplimiento, el modo en el que ha de obtenerse la información ofrecida por el delator y su eficacia procesal. Este trabajo se centra en este último aspecto, esto es, en los requisitos para la incorporación a la causa de la información ofrecida por el delator y en su eficacia procesal para acordar resoluciones interlocutorias, en especial, todas aquellas que puedan afectar a la situación personal y procesal del investigado., The possibility to create in criminal process a Leniency Programme, beyond the attenuating circumstances of cooperation that provides the Criminal Code, makes necessary to determine the scope of this system to ensure that it’s suitable with the norms of due process. Particularly, it requires to determinate the extent of leniency agreements that can be taken, the conditions for its execution, the consequences of non compliance, how should be collected the information provided for the informer or whistleblower and its procedural efficiency. This paper focuses on the last topic, that is, on the requirements to include into criminal process the information provided for the informer and its efficiency to take a judicial interlocutory decision, specially the decisions which may effect the personal and procedural situation of person under investigation.

La posibilidad de introducir en el proceso penal un sistema articulado de delación premiada más allá de las atenuantes de colaboración que de forma aislada prevén algunos preceptos del Código Penal, requiere determinar el modo en el que ha de configurarse tal sistema para garantizar su compatibilidad con las garantías procesales. En particular, es necesario determinar el alcance de los acuerdos premiales que puedan adoptarse, las condiciones para su ejecución, las consecuencias de su incumplimiento, el modo en el que ha de obtenerse la información ofrecida por el delator y su eficacia procesal. Este trabajo se centra en este último aspecto, esto es, en los requisitos para la incorporación a la causa de la información ofrecida por el delator y en su eficacia procesal para acordar resoluciones interlocutorias, en especial, todas aquellas que puedan afectar a la situación personal y procesal del investigado., The possibility to create in criminal process a Leniency Programme, beyond the attenuating circumstances of cooperation that provides the Criminal Code, makes necessary to determine the scope of this system to ensure that it’s suitable with the norms of due process. Particularly, it requires to determinate the extent of leniency agreements that can be taken, the conditions for its execution, the consequences of non compliance, how should be collected the information provided for the informer or whistleblower and its procedural efficiency. This paper focuses on the last topic, that is, on the requirements to include into criminal process the information provided for the informer and its efficiency to take a judicial interlocutory decision, specially the decisions which may effect the personal and procedural situation of person under investigation.

The author analyzes the Criminal Procedural Law from the perspective of Constitutional Law and especially the republican form of government. This perspective allows us to glimpse the importance of punitive law containing the constitutional guarantees and political freedoms in pursuit of the common good. At the same time, the anti-republican projections are discussed in the topic to conclude with a call to the redefinition of certain concepts such as the principle of contradiction, that of orality and the importance of rhetoric akin to the notion of poliacroasis, ResumenEl autor analiza el Derecho Procesal Penal desde la perspectiva del Derecho Constitucional y especialmente la forma republicana de gobierno. Tal perspectiva permite vislumbrar la importancia del derecho punitivo que contiene las garantías y libertades constitucionales en pos del bien común político. Al mismo tiempo, se analizan las proyecciones antirrepublicanas en el tema para concluir con un llamado a la resignificación de algunos conceptos tales como el principio de contradicción, el de oralidad y la importancia de una retórica emparentada con la noción de poliacroasis.Palabras clave del autorProceso Penal - Constitución - Forma republicana - Principio de contradicción - Oralidad - Poliacroasis

Este trabajo aborda el análisis del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria, que contiene las normas de desarrollo del procedimiento administrativo en supuestos de delito contra la Hacienda Pública, desde el punto de vista de algunos de los principios fundamentales del ordenamiento tributario, en particular, el principio non bis in idem, el principio de no autoincriminación, el principio de contradicción y el principio de proporcionalidad, como límite a las actuaciones inspectoras. El trabajo tiene por objeto la exposición y el análisis crítico de determinados aspectos de la regulación que pueden afectar los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de aplicación de los tributos., The aim of this paper is to examine the new Title VI of the General Tax Act, containing the rules about the administrative procedure in case of tax crime. This analysis is performed from the point of view of some fundamental principles in Tax Law, such as non bis in idem principle, the privilege against self-incrimination, contradictory principle and proportionality, as a limit of the administrative actions. The object of the present article is to describe and analyse critically various aspects of the regulation that it may affect the taxpayers’ rights in tax procedures.

Este trabajo aborda el análisis del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria, que contiene las normas de desarrollo del procedimiento administrativo en supuestos de delito contra la Hacienda Pública, desde el punto de vista de algunos de los principios fundamentales del ordenamiento tributario, en particular, el principio non bis in idem, el principio de no autoincriminación, el principio de contradicción y el principio de proporcionalidad, como límite a las actuaciones inspectoras. El trabajo tiene por objeto la exposición y el análisis crítico de determinados aspectos de la regulación que pueden afectar los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de aplicación de los tributos., The aim of this paper is to examine the new Title VI of the General Tax Act, containing the rules about the administrative procedure in case of tax crime. This analysis is performed from the point of view of some fundamental principles in Tax Law, such as non bis in idem principle, the privilege against self-incrimination, contradictory principle and proportionality, as a limit of the administrative actions. The object of the present article is to describe and analyse critically various aspects of the regulation that it may affect the taxpayers’ rights in tax procedures.

El llamamiento en garantía y la denuncia del pleito son dos figuras del derecho procesal colombiano, de mucho uso en la práctica, de poco desarrollo en la legislación y buenos intentos de interpretación por parte de la doctrina. Ambas figuras se encuentran reguladas en el C.P.C y su desarrollo está entrelazado ya que comparten artículos entre sí. Cada una de ellas posee una naturaleza que al identifica como tal, pero hoy en día existen muchas dudas sobre las mismas., 82 p., Contenido parcial: La parte como sujeto procesal -- La sucesión procesal -- Acumulación de pretensiones -– Litisconsorcio -- Los terceros -- Trámite de la denuncia del pleito -- Acción de repetición.

In Metaphysics, Book Gamma, Aristotle argues that he who asserts a contradiction is committed to a rejection of degrees. On the other hand, though, Aristotle claims that there can be no intermediary situation in-between pure or entire truth or existence and utter, complete falseness or nonexistence. Such a combination of views can be rendered noncontradictory at best through objectionable manoeuvres. Although Aristotle accepts that two contrary properties can be both present in the same object to some extent, he is, in order to keep clear of contradictions, bound to regard intermediary situations as something irreducibly different from both extremes.