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Sexual violence is a common and harmful form of trauma. In this article collection, EJPT features research on sexual violence spanning levels of the social ecology. First, we discuss the individual-level studies in this collection, which report on sexual violence prevalence, impact, prevention, and intervention. These papers highlight best practices for assessing sexual assault (i.e., via behaviorally-specific questionnaires), indicate the substantial and enduring mental health effects of sexual violence, and suggest that a number of prevention and intervention strategies are feasible and promising. Then, we highlight studies that broaden their lens to survivors’ interpersonal relationships: these studies provide new evidence for the relationship between social support and posttraumatic stress. Broadening the lens further still to community service systems, the studies in this collection highlight the utility of evaluating the functioning of service systems and obtaining input from stakeholders in these systems; they also suggest that digital technologies are a promising strategy to expand reach to interventions. Finally, at the broadest level of the social ecology, these studies suggest that there is still work to do as a society to promote positive change in terms of views of sexual violence and policies that increase access to needed help, and that such changes can impact individual survivors’ experiences. Considered together, this collection clearly demonstrates that sexual violence does not happen in a vacuum, and it highlights the need for more contextually-focused research on this important social issue.

ABSTRACTBackground: Experiencing sexual assault is associated with a significant increase in risk for developing posttraumatic stress disorder and related concerns (e.g. alcohol misuse). Cross-sectional and longitudinal evidence suggests that social support may be both broadly protective against and eroded by posttraumatic stress symptoms. However, little is known about how different aspects of social support and posttraumatic stress symptoms influence each other in the weeks and months immediately following sexual assault, when posttraumatic stress (PTS) symptoms first emerge.Objective: The present study assessed the day-to-day relationship between social support and PTS in a sample of distressed, alcohol-using, recently-assaulted female survivors participating in a clinical trial of an app-based intervention (N = 41).Method: Participants completed 3 weeks of daily diaries starting within 10 weeks of sexual assault. Mixed-effects models were used to examine prior-day and same-day relationships between PTS and four social support constructs (social contact, emotional support, pleasantness of social interactions, and talking about sexual assault).Results: Results indicate that higher quantity and pleasantness of social interactions over the full sampling period was associated with lower PTS symptoms on any given day. Experiencing better-than-typical social interactions on one day was associated with lower than typical PTS symptoms on that day and the next day. On days when participants discussed their sexual assault with others, they tended to be having higher than usual PTS symptoms.Conclusions: Findings suggest that increasing the quantity and pleasantness of social interactions soon after sexual assault might protect against worsening posttraumatic stress symptoms.Trial registration: ClinicalTrials.gov identifier: NCT03703258.

En este artículo se examina, mediante un estudio de caso basado en el Análisis de Contenido de sentencias emitidas por la Audiencia Provincial de Madrid entre los años 2016 a 2018, la valoración pericial de los daños físicos y psíquicos de víctimas de agresión sexual. Nuestra pregunta de investigación ¿dónde están las heridas? opera como una declaración epistemológica para problematizar sobre los daños evaluados en los casos enjuiciados penalmente: ¿qué se busca? ¿qué se valora? ¿qué se ignora? y ¿qué se desatiende? Los hallazgos alcanzados tras el procesamiento de los datos mediante diversas técnicas de análisis tanto cualitativas como cuantitativas constatan que, la gran mayoría de las víctimas de agresión sexual no presentan lesiones corporales graves (80%); en cambio, los impactos psicológicos, cuando constan en el fallo, se revelan como graves y persistentes en el tiempo. Los resultados también advierten que, la frecuencia de evaluación forense de los daños sigue un modelo inverso a esta fenomenología. La valoración de lesiones físicas figura en un 73% de las sentencias estudiadas y aumenta al 98% si se interpuso la denuncia en las 48 horas siguientes a la agresión. En cambio, los daños psicológicos se evaluaron en menos de la mitad de los procesos (48%). Teniendo en cuenta que en los fallos condenatorios, el reconocimiento del daño causado por el delito está asociado al reconocimiento de indemnizaciones económicas, las consecuencias de subestimar la importancia del daño psicológico niega a las víctimas un pleno acceso a la justicia, pues los procesos de reparación por los perjuicios soportados no son reconocidos adecuadamente. Si bien los resultados de este estudio de caso son todavía exploratorios, sí inducen a tomar conciencia de la importancia de valorar correctamente los daños y afectaciones que causan las violencias sexuales y deberían impulsar la solicitud de evaluación de impacto psicológico en todos los procesos de instrucción de denunciantes de agresión sexual.

El término stealthing designa al retiro no consentido del preservativo durante una relación sexual. Esta práctica es realizada ante la negativa o con el desconocimiento de quien consintió tener relaciones sexuales bajo condiciones específicas, como el uso de condón, lo cual genera un quiebre en el consentimiento. Este artículo argumenta que en Chile la deficiente regulación de los derechos sexuales y reproductivos no permitiría que el proyecto de ley que busca sancionar la remoción no consentida del condón en una relación sexual dé respuesta a este fenómeno y su normalización. Para desarrollar esta idea se ha revisado tanto la situación normativa como la jurisprudencial de países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, al igual que el pronunciamiento del derecho internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos. El artículo concluye que la falta de normativa sobre estos derechos insta a la normalización de conductas atentatorias contra la sexualidad y la reproducción.

En los últimos años, los delitos de agresión sexual han generado estupor en la sociedad, sentimiento que, junto a la crispación, se ha trasladado a la clase política, así como al legislador y a los operadores jurídicos. Las agresiones sexuales pueden cometerse no solo físicamente, sino también a través de medios telemáticos de diversa índole. Algunas de ellas afectan a un colectivo especialmente vulnerable: los/las menores y/o adolescentes. El presente trabajo pretende realizar una aproximación etiológica transversal hacia la realidad para tratar de comprender las causas de que actualmente cometan crímenes que atentan contra la sexualidad de los/las menores y/o adolescentes de diversas formas, entre ellas las perpetradas personas muy próximas a las víctimas, por miembros de instituciones religiosas de honda raigambre e incluso de forma grupal, en «Manada». Partiendo de una casuística reciente muy documentada, se analizan algunos estudios nacionales e internacionales sobre la fenomenología de las agresiones sexuales y de los bienes jurídicos tutelados, que han evolucionado con los tiempos. Asimismo, se realiza una exégesis de los bienes jurídicos que se lesionan cuando se producen agresiones sexuales contra menores y/o adolescentes en un contexto en el que la inmediatez, la falta de reflexiones meditadas y la propia convulsión de nuestro tiempo e reflexiones desde varias ramas del saber.

Objetivos. Explorar la frecuencia e impacto de la violencia contra los trabajadores de salud de Argentina y compararlo con el resto de sus pares de Latinoamérica en el contexto de la pandemia por COVID-19. Materiales y métodos. Estudio de corte transversal a través de una encuesta electrónica al personal médico y no médico de Latinoamérica que desempeño tareas asistenciales desde marzo de 2020. Se utilizó una regresión de Poisson para estimar las Razones de Prevalencia crudas (RP) y ajustadas (RPa) con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Resultados. Un total de 3544 participantes de 19 países respondieron la encuesta; 1992 (56,0%) residían en Argentina. Entre los mismos, el 62,9% padeció al menos un hecho de violencia: 97,7% refirió violencia verbal y 11,8% violencia física. El 41,5% de los agredidos padecieron situaciones de violencia al menos una vez por semana. El personal de salud de Argentina vivenció más frecuentemente violencia que los de otros países (62,9% vs. 54,6%, p

La redacción del tipo penal de las agresiones sexuales ha sufrido importantes reformas desde 1989. La interpretación literal de los apartados 1 y 4 del artículo 178 del Código Penal no son del todo claros y podrían no reflejar la voluntad del legislador, además de crear cierta confusión taxonómica. Ello es así por tres motivos: El primero es que, aunque no cabe la agresión sexual si hay consentimiento, el texto deja abierta esa posibilidad al utilizar, en una misma oración, el verbo “atentar” y el sintagma nominal “sin su consentimiento”. El segundo radica en que se utiliza la expresión “libertad sexual” tanto como bien jurídico protegido en el tipo de las agresiones sexuales, como para denominar a todos los tipos que integran el Título VIII. El tercero es que el apartado 4 omite un adverbio de negación necesario para respetar la coherencia con el resto del texto normativo.

Se trata de estudiar los posibles correlatos de comportamientos de agresión sexual contra mujeres cometidos por hombres no heterosexuales. Para ello se trabajó con una muestra de 233 hombres no heterosexuales de entre 18 y 27 años que respondió a una encuesta online, confeccionada con escalas de medición de bajo autocontrol, baja moralidad personal, sexismo hostil, sexo impersonal, comportamientos de agresión sexual, y otros datos demográficos. Se intentaron desarrollar modelos a través de la regresión logística binaria. Se encontró que el bajo autocontrol resultó ser predictor de los comportamientos de agresión sexual admitidos por la muestra considerada, lo cual permite concluir que, independientemente de la orientación sexual del agresor, el déficit en la capacidad de autocontrol puede explicar el comportamiento de agresión sexual contra la mujer.

El estudio del consentimiento sexual está muy presente en las investigaciones sobre los delitos sexuales, porque es el aspecto central para reconocer si una relación ha sido aceptada o, por el contrario se considera una agresión sexual. El modelo de consentimiento afirmativo promulgado por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual describe la obligación de prestar una voluntad clara para considerar que una relación sexual es consentida. No obstante, el consentimiento no tiene una definición clara, y es un asunto complejo que tienen muchos matices, aristas y variables que la literatura científica ha tratado de analizar. La forma en que las personas perciben las señales de los demás durante este proceso es un aspecto importante del consentimiento. Los hallazgos han mostrado que el consentimiento sexual puede expresarse mediante comunicación verbal o no verbal, de manera directa o indirecta. En algunos contextos, además, se ha considerado que la actitud pasiva también puede expresar un consentimiento. Las investigaciones han evidenciado que existe una discrepancia entre los elementos requeridos en las disposiciones legales, de la forma en la que las personas participan en sus relaciones sexuales. El presente artículo describe la situación actual de la investigación sobre cómo las personas se involucran en el “consentimiento sexual” con el objetivo de servir como referencia para el diseño de estrategias de divulgación e investigaciones futuras.

El castigo de las violaciones grupales constituye una cuestión especialmente problemática en España ante la ausencia de un acuerdo jurisprudencial sobre cómo han de calificarse estos hechos. Si bien se parte de unas premisas comunes –la de que en las violaciones en grupo concurren al menos tantas acciones típicas de violación como personas distintas accedan carnalmente a la víctima, y la de que todas ellas han de imputarse a cada uno de los integrantes del grupo–, en unas ocasiones los tribunales consideran aplicable el delito continuado, y en otras no, valorando en estos últimos casos las acciones típicas como delitos individuales. Como solución frente a esta situación de inseguridad jurídica, algunos autores vienen proponiendo la introducción en el CP de un delito plurisubjetivo de violación grupal, similar al ya existente en el CP italiano (art. 609-octies). En el presente trabajo se reflexionará sobre la necesidad y conveniencia de una reforma del CP que incorpore una figura de estas características.

ABSTRACTBackground: Sexual assault (SA) can induce a negative impact on victims’ mental health. Specialised SA services generally offer medical care and a forensic examination to SA victims. However, there is a large variation in how these services provide mental health support.Objective: This study aims to assess mental health problems of SA victims attending the Belgian Sexual Assault Care Centres (SACCs) and identify predictors for victims’ use of support from in-house psychologists.Method: Health records of victims ≥ 16 years who presented within one week post-SA to one of the three Belgian SACCs between 25 October 2017 and 31 October 2019 were reviewed. An AIC-based stepwise backward binary logistic regression was used to analyse the association between victim, assault, service use and mental health characteristics and follow-up by a SACC-psychologist.Results: Of the 555 victims, more than half had a history of mental health problems. Of those assessed, over 70% showed symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD), depression and/or anxiety disorder. One in two victims consulted a SACC-psychologist. Victims with a mental health history (OR 1.46, p = .04), victims accompanied by a support person during acute care (OR 1.51, p = .04), and victims who were assaulted by an acquaintance in comparison to those assaulted by a stranger (OR 1.60, p = .039) were more likely to attend their appointment with the SACC-psychologist.Conclusion: The study reaffirms the high mental health burden among victims attending specialised SA services, stressing the need to provide effective mental health interventions at these services and improve their longer-term use by victims. Prescheduling of appointments with an in-house psychologist in combination with phone reminders may improve the uptake of such services. Health care providers must be vigilant about potential barriers faced by victims without a mental health history or social support in attending appointments with mental health professionals.

ABSTRACTBackground: Childhood sexual abuse (CSA) has been identified as a risk factor for later sexual aggression perpetration and vulnerability factor for sexual victimization. However, the use of cross-sectional designs, the focus on female victimization and male perpetration, and the lack of evidence from outside North America limit the existing knowledge base.Objective: The study was designed to examine pathways from CSA to sexual revictimization and sexual aggression perpetration after the age of consent.Method: A total of 588 university students in Germany (308 female) took part in a three-wave longitudinal study covering 23 months. At each wave (T1–T3), all participants completed measures of sexual aggression victimization and perpetration. Experiences of CSA were measured at T1.Results: The rate of CSA was significantly higher for women (20.8%) than for men (12.4%). Rates of sexual victimization for women were 60.9% at Time 1 (since age 14), 22.3% at Time 2 (since T1), and 17.4% at Time 3 (since T2). For men, the rates were 39.2% at Time 1, 15.9% at Time 2, and 14.1% at Time 3. Rates of sexual aggression perpetration for women were 10.6% at Time 1 (since age 14), 3.5% at Time 2 (since T1), and 3.6% at Time 3 (since T2). For men, the rates were 18.0% at Time 1, 6.2% at Time 2, and 3.8% at Time 3. The gender differences in victimization and perpetration were significant only at T1. CSA predicted higher odds of sexual aggression victimization and perpetration cross-sectionally at T1 and indirectly at T2 and T3 via T1. Gender did not moderate the associations.Conclusion: The results confirm previous findings of elevated rates of sexual aggression victimization and perpetration in adolescence and young adulthood in victims of CSA. The implications for understanding and preventing adverse sexuality-related outcomes of CSA are discussed.

Tras muchos debates, académicos y mediáticos, el año pasado se aprobó la llamada «Ley de solo sí es sí» y, por primera vez en la historia del Derecho penal español, se define en ella el consentimiento sexual. Este trabajo analiza algunos problemas conceptuales de dicha definición (qué es el consentimiento, qué clase de modelo plasma la Ley y cuáles son sus dificultades) y, también problemas de tipo epistemológico (cómo tener certeza del consentimiento de una persona, cómo valorar los eventuales criterios al respecto, etc.). La conclusión es que un cambio de paradigma como este puede suponer que el error de tipo adquiera una relevancia que antes no tenía, siendo una vía de salida para el previsible choque entre nuestra actual cultura sexual y la pedagogía social que la Ley pretende.

El presente trabajo tiene por objeto conocer los ajustes de procedimiento que se desarrollan durante los procesos judiciales ante hechos constitutivos de abuso o agresión sexual cuando la víctima presenta una discapacidad intelectual o del desarrollo (DID). Además, analiza las características de víctimas con DID y agresores, aportando información adicional sobre el proceso de denuncia. Para ello, se analizaron un total de 56 sentencias resueltas en un periodo de cuatro años (2014-2018), extrayendo información objetiva de las mismas con respecto a los aspectos más relevantes referidos a la víctima, el delito, el agresor y al proceso judicial. Del análisis realizado podemos concluir la existencia de multitud de obstáculos que aún siguen presentes en la práctica judicial española, siendo necesaria una formación exhaustiva de las personas vinculadas a los sistemas procesales en aspectos referidos a esta discapacidad: la víctima declara en reiteradas ocasiones, especialmente cuando se juzga un delito de agresión sexual, sin ningún tipo de adaptación o apoyo profesional. Señalamos asimismo la necesidad de evaluar la huella psicológica que pudiera presentar la víctima, así como desterrar mitos con respecto a las discapacidades del desarrollo que dificultan el derecho a acceder y participar en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad.

La violencia sexual contra mujeres y niñas es una de las formas más brutales de violencia de género y, al mismo tiempo, un delito largamente silenciado. La disponibilidad de estadísticas periódicas, rigurosas y confiables es un requisito para monitorizar cualquier fenómeno de interés público y, en el caso de la violencia sexual, un requerimiento ineludible para diseñar políticas e intervenciones orientadas a su prevención, intervención y reparación. Este artículo quiere ser una contribución por las víctimas de cualquier forma de violencia sexual y, en particular, una reflexión política de denuncia ante la injustificada falta de calidad de fuentes cuantitativas para el estudio de este suceso en España. En la primera parte, identificamos los organismos responsables de producir y difundir estadísticas de criminalidad sexual, proponiéndose una primera evaluación de las principales fuentes disponibles que implicaría problematizar sobre el sub-registro estadístico de esta tipología penal y examinar las deficiencias técnicas que presentan los datos publicados. En la segunda parte, presentamos una compilación de las series sobre delincuencia sexual extraídas de los distintos Anuarios Estadísticos publicados por el Ministerio del Interior desde 1987, advirtiendo su escasa capacidad para un estudio cuantitativo riguroso de las violencias sexuales. Sexual violence against women and girls is one of the most brutal forms of gender violence and, at the same time, a long-silenced crime. The availability of periodic, rigorous and reliable statistics is a requirement to monitor any phenomenon of public interest and, in the case of sexual violence, an unavoidable requirement to design policies and interventions aimed at prevention, eradication, intervention and reparation. This article wants to be a contribution to the struggle of women victims of any form of sexual violence and, in particular, a political reflection of denunciation against the unjustified shortage of quantitative sources and the inexplicable low quality of the data for the study of this event in Spain. In the first part, we identify the agencies responsible for producing and disseminating sexual crime statistics, making a succinct evaluation of the main sources available. In the second part, we present a compilation of the series on sexual delinquency extracted from the different Statistical Yearbooks published by the Ministry of the Interior since 1987, noting its low capacity for a rigorous quantitative study of sexual violence.

El objetivo de este estudio es analizar la primera experiencia de violencia sexual que han sufrido las mujeres a través de los tuits de denuncia en la Campaña #PrimAcoso. Durante un mes se identificó un total de 2,887 tuits publicados con el hastag #PrimerAcoso, de los cuales 688 eran tuits y 2,199, retuits. Los resultados muestran que 76% de los tuits aluden a casos de múltiples violencias contra menores de 18 años (65% fueron situaciones de abuso sexual a menores, y 11% acoso sexual entre iguales) y 24% a múltiples violencias contra mujeres adultas (21.3% de acoso sexual, 1.6% de acoso por razón de sexo y 1.1% de agresión sexual). La violencia sexual es una realidad que sufren mayoritariamente las mujeres, y su primera experiencia se ubica en la infancia. Por ello es importante la educación sexual para prevenir ese problema.

La victimización secundaria en la violencia sexual sigue siendo muy común en la actualidad, y tiene efectos negativos en las víctimas agravando las consecuencias del hecho y generando otras nuevas. Esta victimización suele asociarse al sistema de justicia, pero también se produce por parte de la sociedad, el entorno cercano de la víctima, y los medios de comunicación y redes sociales. Entre los diversos objetivos de este estudio cabe destacar el análisis de la victimización secundaria en los últimos años para determinar cómo no ha cambiado, teniendo como eje principal estereotipos de género sobre cómo deben de actuar las víctimas de violencia sexual antes, durante y después de los hechos; y cómo dichos estereotipos son muy similares, independientemente del país. Se han analizado un total de 10 casos utilizando noticias, declaraciones, videos y sentencias.

El himen septado constituye una variante anatómica poco frecuente1,2,4,5 y pese a que son escasos las investigaciones publicadas para determinar la frecuencia de estas variantes anatómicas, en estudios realizados en recién nacidas y en cadáveres de fetos se encontró que la frecuencia del himen septado era de 0.06% y 2% respectivamente 4,5.

El himen es la membrana que cubre el introito vaginal, de tamaño y forma variable. Por su forma se clasifica en: anular, semilunar, labiado, tabicado, cribiforme e imperforado. Sin función biológica conocida, en la práctica de la Medicina Legal se utiliza como herramienta para determinar agresión sexual, aunque su valor tanto predictivo como indicativo, es controversial . Las fotografías A y B muestran himen septado vertical encontrado en dos pacientes evaluadas por agresión sexual en la clínica forense de la Paz, Honduras. El himen septado constituye una variante anatómica poco frecuente 1,2,4,5 y pese a que son escasas, las investigaciones realizadas en recién nacidas y en cadáveres de fetos para determinar las variantes anatómicas del himen, se encontró que la frecuencia del himen septado fue de 0.06% y 2% respectivamente. Pese a que la variante anatómica del himen no tiene implicaciones relevantes vinculadas a la evaluación forense, se requiere realizar más estudios para conocer la frecuencia de estas variantes, especialmente porque en nuestro país, la valoración de la integridad del himen, como indicativo de agresión sexual, aún es una herramienta válida en la rutina forense.

RESUMEN Los casos de violaciones son situaciones en las que la seguridad de las personas se ve afectada a consecuencia de la conjunción de una serie de variables, tanto externas como internas a la persona, que deben han de ser investigadas. Las sentencias judiciales son instrumentos que recogen información acerca de estas situaciones de agresión sexual. Por ello se plantea analizar estos documentos para la extracción de aquellos elementos desde el punto de vista del cuidado. Para el cumplimiento de este objetico se aplica un método de carácter deductivo obteniendo como resultado la identificación de un conjunto de variables que posibilitan evaluar la seguridad de las personas.

Los autores, a través de dos viñetas clínicas, cuestionan el lugar asignado a la verdad en nuestro nuevo lazo social. Proponen la hipótesis según la cual las figuras de víctima y de protocolización son intentos para acceder a la verdad en forma concreta, evitando así tener en cuenta la división subjetiva y, por consiguiente, el inconsciente. No obstante, el analista, a partir de los nuevos dispositivos, debe mantener una escucha que implique la equivocidad, de tal manera que el sujeto de la palabra verdadera pueda advenir.

Los autores, a través de dos viñetas clínicas, cuestionan el lugar asignado a la verdad en nuestro nuevo lazo social. Proponen la hipótesis según la cual las figuras de víctima y de protocolización son intentos para acceder a la verdad en forma concreta, evitando así tener en cuenta la división subjetiva y, por consiguiente, el inconsciente. No obstante, el analista, a partir de los nuevos dispositivos, debe mantener una escucha que implique la equivocidad, de tal manera que el sujeto de la palabra verdadera pueda advenir.

La violencia laboral es un fenómeno creciente en el sector salud que se manifiesta en diversas formas: acoso, agresión física, sexual y psicológica. En centros de atención primaria este problema ha sido menos estudiado que en hospitales. El objetivo fue determinar la presencia de situaciones de violencia laboral a la que están expuestos trabajadores de atención primaria de la ciudad de Córdoba. Se diseñó un estudio exploratorio de corte transversal. La muestra fue de 183 trabajadores, escogidos aleatoriamente. Se aplicó un cuestionario autoadministrado. Los encuestados reconocieron situaciones de violencia en un 64,1%. Los gritos (65,1%) y los insultos (55,1%) fueron las principales manifestaciones. Los agresores externos identificados más frecuentemente son los familiares y/o acompañantes de pacientes (80,1%) y como agresores internos los trabajadores con mayor jerarquía (46,4%). Se concluye que los trabajadores de atención primaria reconocen frecuentemente la presencia de violencia laboral, siendo las más percibidas las de tipo psicológico.