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The Judgment of the Court of Justice of March 8th, 2011 (C-34/09) case Ruiz Zambrano against l'Office National de l'Emploi (ONEM) of Belgium highlights an issue, already debated by the jurisprudence and the doctrine, concerning the right of residence of nationals of a third country who are the parents of a children national of a Member State. The approach taken in this case by the ECJ is novel in part due to the own approach to the questions and especially by the arguments around the status of citizen of the EU and the notion of citizenship itself. The key issue of the suit seeks to ascertain the impact of the European Union nationality of some underage children, who have not exercised their right of free movement, on the residency status (irregular) of the parents who are nationals of a third country. If until now the premise that "it would be necessary to cross the border" to be covered by Community law was true, the sentence Ruiz Zambrano comes to question this premise to cover a “purely domestic” situation under the protective umbrella of the citizenship status and therefore extending the scope of application of Community law. This Judgment implies a review of one of the favorite topics for scholars -the notion of citizenship- to, from a different perspective, think about the impact of the status of citizen of the Union in the scope of application of Community law.

Este artículo tiene como objetivo general examinar la normativa en materia de extranjería aplicable a los estudiantes e investigadores extranjeros en España, así como algunas cuestiones relacionadas como son la legalización de documentos públicos extranjeros y la homologación de títulos extranjeros en España.Antes de abordar el estudio, conviene resaltar que estamos en presencia de un régimen jurídico especial que reviste cierta complejidad, no sólo por la diversidad de fuentes normativas (internacionales, comunitarias e internas) sino también por la existencia de distintos ámbitos de aplicación personal o regímenes (el aplicable a los nacionales de la Unión Europea y a sus familiares y el aplicable a los nacionales de terceros países) y por las diversas materias que pueden resultar afectadas.Por esta razón, el artículo consta de tres apartados. Los dos primeros referidos, respectivamente, al régimen jurídico (de extranjería) aplicable a los estudiantes e investigadores extranjeros y el correspondiente a los investigadores extranjeros invitados o contratados por las administraciones públicas, universidades u otros organismos, en donde se examinan las cuestiones relativas a la entrada (visados) y los procedimientos para autorizar el trabajo en España de estas personas y, en su caso, de los familiares que los acompañen. El apartado tercero aborda otras cuestiones que van más allá del Derecho de extranjería pero que, como ya hemos avanzado, afectan o pueden afectar al extranjero-estudiante/investigador que vive en España. En concreto se examina el problema de la eficacia en España de los documentos públicos obtenidos en el país de origen (legalización y traducción) y, en particular, el régimen de homologación de los títulos extranjeros.La complejidad a que hacíamos referencia al comienzo se acentúa si tomamos en cuenta dos aspectos relevantes. De un lado, las oscilaciones en materia de política migratoria tanto en la Unión Europea (comunitaria) como en España (interna). De otro lado, las modificaciones legislativas al régimen de extranjería sucedidas en nuestro país a largo de los últimos años que han afectado, como no puede ser menos, al régimen aplicable a los estudiantes e investigadores extranjeros2. A ello cabe agregar que la legislación educativa, en concreto la relativa al reconocimiento y homologación de títulos extranjeros, viene sufriendo importantes derogaciones y modificaciones normativas fruto del llamado “proceso de Bolonia” para crear un Espacio Europeo de Enseñaza Superior (EEES) así como de acuerdos bilaterales específicos.